LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Douglas Caamaño Quirós).- En un Estado de Derecho, los diputados tienen la facultad constitucional de levantar la inmunidad del presidente de la República y de sus ministros cuando así lo exige un procedimiento judicial.
Sin
embargo, el ejercicio de esta atribución no los exime de las consecuencias
políticas que dicha decisión puede acarrear, especialmente cuando se trata de
un presidente con altos niveles de respaldo popular y en un contexto marcado
por la desconfianza ciudadana hacia la clase política tradicional.
Lo
delicado de la situación no radica únicamente en el acto jurídico de levantar
la inmunidad, sino en las condiciones bajo las cuales se construyó el
expediente que lo motiva.
Cuando
los procedimientos están plagados de irregularidades, como filtraciones
selectivas de expedientes en trámite, divulgación anticipada de videos bajo
investigación, o concesión de entrevistas preferenciales a medios de
comunicación con intereses definidos, el proceso pierde legitimidad ante la
opinión pública.
Una
acción jurídicamente válida puede tornarse políticamente costosa si el pueblo
percibe que se ha instrumentalizado el sistema judicial con fines partidarios o
electorales.
En
ese escenario, la Asamblea Legislativa no actúa simplemente como garante de la
legalidad, sino como actor de una pugna de poder que puede ser vista como
revanchismo o estrategia política.
Quienes
voten a favor de levantar la inmunidad no solo deben responder ante la ley,
sino ante la ciudadanía.
El
costo político de proceder con un expediente viciado, cuestionado desde
múltiples sectores y cargado de polémica, recae enteramente sobre quienes, con
su voto, le dan legitimidad. La legalidad es indispensable, pero no basta por
sí sola cuando la credibilidad del proceso ha sido socavada.
Y
si alguien duda del poder del reclamo ciudadano, basta con ver la última
convención del Partido Liberación Nacional.
Lo
que antes era una maquinaria electoral se convirtió en un acto vacío, sin
respaldo popular, sin convocatoria, sin alma. Las urnas hablaron, y lo que
dijeron fue claro: el pueblo está pasando la factura.
Si
los diputados deciden levantar la inmunidad en estas condiciones, deben estar
dispuestos a asumir no solo la responsabilidad jurídica, sino también la “carga
política” de haber validado un proceso cuya legitimidad podría ser seriamente
cuestionada por la ciudadanía.
Las
consecuencias no se miden en discursos legislativos, se miden en votos.
Y
el pueblo, cuando decide, no pregunta dos veces.
Como
de costumbre ahí se las dejo…
*
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1 Comentarios
Excelentes sus comentarios. Primero Dios, esto lo tenga claro toda la ciudadanía, entonces con seguridad el 2026 dará paso al nuevo y verdadero amanecer del costarricense.
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