LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Welmer Ramos González, economista). El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON), asociación legal con Cédula Jurídica No. 3-002-913496, ha manifestado su preocupación ante el alarmante incremento de fraudes digitales que afectan a los consumidores financieros en Costa Rica.
El
fenómeno, que involucra estafas relacionadas con cuentas bancarias, tarjetas de
crédito y débito, así como suplantaciones de identidad, ha alcanzado niveles de
pandemia, impactando gravemente la economía y la tranquilidad de los
ciudadanos. OMERCON señala que la cantidad de denuncias presentadas ante el
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es una muestra clara de la gravedad
del problema.
Falta
de medidas efectivas por parte de entidades financieras
Si
bien la digitalización de los servicios bancarios ha traído múltiples
beneficios, también ha abierto la puerta a nuevas formas de delincuencia.
OMERCON denuncia que algunas entidades financieras han sido laxas en sus
mecanismos de seguridad y prevención, trasladando la responsabilidad de los
fraudes exclusivamente a los consumidores.
"Nos
sentimos atemorizados, desprotegidos y vulnerables", señala OMERCON,
enfatizando que la falta de respuestas concretas y efectivas por parte de los
entes reguladores y bancarios mina la confianza en el sistema financiero.
Una
de las principales preocupaciones radica en la inacción ante transferencias
fraudulentas. "Si un banco detecta un movimiento sospechoso, ¿por qué no
sigue la cadena de transacciones para recuperar el dinero?", cuestiona la
asociación, destacando la falta de protocolos efectivos para congelar y
devolver los fondos sustraídos.
Responsabilidad
civil objetiva y teoría del riesgo creado
OMERCON
recuerda que la legislación costarricense establece la responsabilidad civil
objetiva para los proveedores de servicios financieros. Citando el voto N° 655
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, argumenta que las entidades
que ofrecen servicios financieros deben asumir la carga de los riesgos que
generan, sin trasladar la responsabilidad a los consumidores. Asimismo, el
artículo 35 de la Ley N° 7472 refuerza esta obligación al imponer
responsabilidad objetiva sobre los proveedores que causen perjuicio a los
usuarios.
Llamado
a la acción a CONASSIF y entes reguladores
Ante
este panorama, OMERCON exige medidas concretas e inmediatas:
1.
Refuerzo de la seguridad: Implementación de protocolos más estrictos y
tecnologías que detecten fraudes en tiempo real.
2. Educación financiera: Programas de formación que capaciten a los ciudadanos en
la prevención de estafas digitales.
3.
Facilidades para denunciar fraudes: Eliminación de procesos engorrosos y
sesgados que revictimizan a los afectados.
4.
Protección y resarcimiento inmediato de los fondos robados: Inversión de la
carga de prueba para que el consumidor no sea considerado culpable por defecto.
OMERCON
advierte que, si no se adoptan acciones urgentes, la confianza de la población
en las instituciones financieras se verá gravemente afectada. "No queremos
respuestas evasivas, sino soluciones reales que pongan fin a este flagelo
contra la ciudadanía", concluye la organización.
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