LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción anunció la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades tras la posible filtración del expediente relacionado con el partido Progreso Social Democrático. La pesquisa busca esclarecer la presunta violación al artículo 295 del Código de Procedimientos Penales.
La controversia surgió luego de que tres medios de prensa corporativos, con los que el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves mantiene un conflicto abierto, publicaran el informe preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este documento fue secuestrado por orden de la Sala Tercera de la Corte Suprema y estaba en custodia del fiscal general, Carlo Díaz.
El fiscal Díaz tomó posesión del documento el viernes 17 de enero y, sorpresivamente, los medios publicaron su contenido de manera simultánea el domingo 2 de febrero. En el momento de la publicación, la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, estaba de vacaciones, lo que dificultó la obtención de una versión oficial inmediata.
La investigación abierta por el Ministerio Público refuerza las sospechas sobre una posible filtración indebida de información confidencial. El abogado del presidente Chaves, José Miguel Villalobos, ha señalado que el informe publicado estaba incompleto, lo que podría inducir a error a la opinión pública.
La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, en su intervención del lunes 3 de febrero, acusó al fiscal general Díaz de revanchismo y lo responsabilizó de la filtración. Según la legisladora, resulta sospechoso que los tres medios, a pesar de su competencia, publicaran el mismo material el mismo día.
Importancia del Artículo 295
El artículo 295 del Código Procesal Penal establece que el procedimiento preparatorio no es público para terceros y que solo las partes o sus representantes pueden acceder a él. La norma busca garantizar la equidad procesal y evitar filtraciones que puedan afectar la imparcialidad de los procesos judiciales.
De acuerdo con este precepto legal, el acceso a un expediente penal está restringido a quienes cuenten con la debida autorización. En caso de comprobarse una filtración, los responsables podrían enfrentar sanciones legales.
Debate en redes y repercusiones
La filtración del informe ha generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos defienden la publicación del documento en nombre de la transparencia, otros alertan sobre el riesgo de difundir información incompleta que podría distorsionar la realidad.
Según la diputada Cisneros, la filtración vulnera los derechos de las partes involucradas, al no permitirles ejercer su derecho a la defensa antes de la divulgación pública del expediente. Además, subraya que una periodista de uno de los medios que publicaron el informe solicitó el documento al TSE el 24 de octubre de 2024 y le fue negado por ser de carácter privado. Posteriormente, el fiscal general lo pidió el 18 de noviembre y también le fue rechazado, hasta que logró obtenerlo mediante orden de la Sala Tercera.
El caso sigue en investigación y podría derivar en sanciones si se confirma la violación al artículo 295. Entretanto, la discusión sobre la relación entre medios de comunicación y el Gobierno se mantiene en el centro del debate político.
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