LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Joseph Alfonso Rivera Cheves, abogado penalista). En el ámbito judicial, la correcta aplicación de la ley es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo. Sin embargo, en ciertos casos recientes, he observado un preocupante patrón: jueces penales que, bajo presiones institucionales y lagunas normativas, han aplicado normas derogadas en procesos judiciales, resultando en graves implicaciones para los derechos fundamentales de las personas imputadas.
En un sistema de justicia que se jacta de ser independiente y justo, las denuncias sobre presiones ejercidas desde altas instancias judiciales para aplicar normas derogadas ponen en evidencia un preocupante desequilibrio. Jueces y fiscales del Ministerio Público que me han señalado, bajo confidencialidad, que enfrentan amenazas veladas y presiones directas por parte de magistrados para actuar en contra de los principios del derecho, todo ello bajo el pretexto de "fortalecer la lucha contra el crimen organizado". Este fenómeno tiene profundas implicaciones para la independencia judicial y la confianza pública en el sistema legal de Costa Rica.
La independencia judicial es el pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Sin embargo, la realidad revela un panorama en el que algunos jueces penales y fiscales se sienten obligados a aplicar normas derogadas de la Ley N.º 8754 y sus reformas, a pesar de conocer su invalidez. Estas acciones, según lo denunciado en la clandestinidad, surgen como respuesta al temor de ser señalados públicamente como corruptos o ineficaces, tanto por los medios de comunicación como por los diputados de la República.
El miedo a represalias, como la pérdida del empleo o el desprestigio profesional, coloca a estos funcionarios en una posición de extrema vulnerabilidad. La Resolución N.º 08751-2021, de la Sala Constitucional, establece principios como erga omnes y pro libertatis, que buscan proteger la libertad y los derechos fundamentales, pero muchas veces no se aplican en la práctica judicial. Este contexto compromete la capacidad de los jueces y fiscales para actuar de manera imparcial y plantea serias dudas sobre la autonomía real del Poder Judicial.
La independencia judicial no es un privilegio para jueces y fiscales; es una garantía para los ciudadanos. Sin embargo, las presiones de magistrados, quienes deberían ser guardianes de la constitucionalidad, representan una grave amenaza para este principio. Al influir en las decisiones de jueces inferiores y fiscales, que comprometen la imparcialidad de los procesos judiciales y el respeto por el debido proceso.
Este tipo de interferencia mina la credibilidad del sistema judicial, promoviendo un clima de arbitrariedad y subordinación jerárquica en lugar de la aplicación estricta de la ley (principio de legalidad penal). Además, crea un precedente peligroso que pone en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho de Costa Rica.
Los medios de comunicación y los actores políticos desempeñan un papel crucial en este escenario. La narrativa pública puede ejercer una presión adicional sobre los jueces, quienes temen ser objeto de campañas mediáticas o parlamentarias que cuestionen su integridad profesional. Estas dinámicas convierten a la justicia en un campo de batalla mediático y político, donde las decisiones pueden estar más influenciadas por el temor al escrutinio público que por la verdad jurídica.
Conclusión: Un llamado a la defensa del Estado de Derecho
La independencia judicial no debe ser una mera declaración de principios; debe ser una realidad palpable en cada decisión emitida por un juez o fiscal. Las presiones externas, ya sean de magistrados, medios de comunicación o actores políticos, representan una amenaza directa al derecho de cada ciudadano a un juicio justo. Es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad defender un sistema judicial que actúe con integridad, transparencia y en estricto apego a la ley.
Si los jueces y fiscales temen por su seguridad profesional o personal al aplicar la ley correctamente, es grave porque se mutila el principio de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad que tiene el sistema judicial costarricense que esta desgastado por adultos mayores que muchas veces llegan a dormir en las sesiones de trabajo y que sus ideas quedaron en el siglo pasado donde Costa Rica al día de hoy tiene otras necesidades. Es hora de reflexionar sobre las verdaderas raíces de esta crisis y emprender las reformas necesarias para garantizar que la justicia sea imparcial, valiente e inquebrantable. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial costarricense y proteger los derechos fundamentales de todas las personas que vivimos en este hermoso país.
*
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores.
La Voz de Goicoechea (www.lavozdegoicoechea.info) es un medio de comunicación independiente, y no toma como suyas dichas opiniones por lo que no se responsabiliza por el contenido emitido por terceros. Todas las imágenes que muestra este medio, se utilizan solo con fines ilustrativos, por tanto se respetan todos los derechos de autor según corresponda en cada caso, siendo nuestra principal labor de la informar a nuestros lectores.
nos interesa tú opinión al respecto. Te invitamos a participar...
Pueden escríbenos también a nuestro correo electrónico
2017 © 2025
Miembro de la Red de Medios Alternativos Independientes - REDMAI
Producciones Periodísticas y Publicitarias Montezuma
Goicoechea, San José - Costa Rica
0 Comentarios
Queremos ver tus comentarios, estos nos enriquecen y ayudan a mejorar nuestras publicaciones :
_______________________________________________