LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Samudio Cundano).- La Asamblea Legislativa Nicaragüense ha reformado la Ley 761 de Migración y Extranjería para dotar de legalidad a una práctica que llevaban ejecutando de facto desde 2021 por razones políticas: las negativas de entrada o salida de ciudadanos y residentes extranjeros a Nicaragua, así como de extranjeros, ademas de legalizar los destierros que han aplicado a 450 personas, en su mayoría expresos políticos, opositores, periodistas, activistas, campesinos, religiosos, escritores, músicos, universitarios y críticos en general de la pareja presidencial.
La reforma ha infundido zozobra a los nicaragüenses, ya que ha sido pasada por los parlamentarios en la víspera de las fiestas decembrinas, una época caracterizada por el alto flujo de ingreso y salida del país por las reuniones familiares de navidad y fin de año.
Preocupa principalmente a quienes acostumbran a cruzar irregularmente de o hacia Costa Rica, donde el paso por “puntos ciegos” ha sido tolerado históricamente por las autoridades migratorias.
Ahora se incluye una adición al Código Penal de Nicaragua para castigar con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntamente “menoscabo a la integridad nacional, la soberanía” o supuestos intentos para “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.
La reforma también otorga facultades a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), subordinada al Ministerio del Interior, de “otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida” contra aquellos que “realicen actividades que violenten la Constitución Política de Nicaragua” o hayan sido condenados por delitos de “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”.
La mayoría de cambios en la ley de Migración insisten en otorgar el poder al director de la DGME para “denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”, legalizando un esquema que funcionaba en la práctica y en coordinación entre los puestos fronterizos, la oficina de mando del Ministerio del Interior y la presidencia sandinista.
La reforma también fija una serie de medidas para “fortalecer” los controles fronterizos a nivel nacional. “Esto con el objetivo de no permitir las salidas e ingresos irregulares".
Las ultimas reformas “otorgan al gobierno Ortega - Murillo un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.
La reforma también otorga facultades a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), subordinada al Ministerio del Interior, de “otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida” contra aquellos que “realicen actividades que violenten la Constitución Política de Nicaragua” o hayan sido condenados por delitos de “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”.
La mayoría de cambios en la ley de Migración insisten en otorgar el poder al director de la DGME para “denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”, legalizando un esquema que funcionaba en la práctica y en coordinación entre los puestos fronterizos, la oficina de mando del Ministerio del Interior y la presidencia sandinista.
La reforma también fija una serie de medidas para “fortalecer” los controles fronterizos a nivel nacional. “Esto con el objetivo de no permitir las salidas e ingresos irregulares".
Las ultimas reformas “otorgan al gobierno Ortega - Murillo un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.
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