Antes de la última semana de noviembre, la familia de Marcos estaba entusiasmada con el viaje que iban a realizar a Costa Rica. “Ya casi teníamos las maletas listas para ir a pasar la Navidad allá, con él... Ya teníamos los pasajes del bus para salir desde Managua”, dice uno de los integrantes del nutrido clan. Pero los planes se vinieron abajo, de súbito, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó al Parlamento sandinista aprobar una reforma a la ley de Migración y Extranjería que legalizó una práctica que llevaban ejecutando de facto desde 2021 por razones políticas: las negativas de entrada o salida de ciudadanos y residentes extranjeros a Nicaragua, ahora acompañadas de penas de cárceles y multas en dólares.
“La verdad es que nos invadió el terror. Nosotros tenemos nuestra vida hecha en Nicaragua y exponernos a ir a la cárcel por salir o que nos prohíban regresar a Nicaragua es un riesgo que, como familia, decidimos no correr… Aunque el pesar nos friega mucho emocionalmente, porque tenemos casi dos años y medio sin verlo, desde que se exilió en Costa Rica por la persecución en su contra”, narra uno de los familiares de Marcos, quien pide total anonimato para evitar represalias. Marcos es un opositor a la pareja presidencial y tampoco se llama Marcos, es un seudónimo que también solicita por seguridad.
“Duele no poder abrazar a mis hermanas, mis sobrinos, a mis primos, a mi madre otra Navidad. Habíamos decidido el viaje con sigilo, porque el Gobierno se ensaña contra familiares de opositores exiliados, pero decidimos asumir el riesgo porque es demasiado tiempo sin vernos. Pero cuando vimos que aprobaron esa reforma migratoria, con penas de hasta seis años de cárcel contra quienes cometan supuestamente el delito de menoscabo a la integridad nacional o terrorismo, es decir, contra quienes le plazca a la dictadura, abortamos el plan, porque el riesgo se fue por las nubes. Y nos enteramos de que la vigilancia se reforzó en la frontera de Peñas Blancas y en los puntos ciegos de paso [irregulares]”, relata Marcos una tarde de vientos recios, decembrinos, en San José, donde vive exiliado.
El relato de la familia de Marcos, agravado por la reforma migratoria, se puede aplicar de alguna manera a las familias de más de 900.000 nicaragüenses que desde 2018 han huido por la persecución política, la crisis económica o los destierros impuestos por la pareja presidencial, como el más reciente ocurrido a la monja Azucena Bracamonte Valle. Después de cinco años en Roma, la religiosa volvía a Nicaragua a pasar vacaciones navideñas con su familia, pero en México, donde hizo escala hace cinco días, la aerolínea le notificó que las autoridades migratorias le negaron el ingreso a Nicaragua por cometer “traición a la patria”.
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