LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción anunció la incorporación de nueva evidencia que desmiente la existencia de sobreprecios en los contratos entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las cooperativas de salud. Según lo informado, estos documentos señalan una manipulación intencional de información que dio origen al denominado caso Barrenador.
En
un comunicado, el Ministerio Público confirmó que, en cumplimiento del artículo
198 del Código Procesal Penal, procedió al secuestro de la evidencia para su
análisis y autenticación en el proceso penal. Según la Fiscalía, la
documentación manipulada no formaba parte de los registros oficiales del
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), lo que sugiere un ocultamiento
deliberado desde el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS. Esto permitió
señalar falsamente la existencia de costos inflados en los contratos de las
cooperativas, cuando, en realidad, los costos directos de asumir estos
servicios por parte de la CCSS serían más altos.
Análisis
de la evidencia
Un
estudio realizado por Coopesalud R.L., basado en los nuevos documentos, revela
que adjudicar la administración de 138 Ebais a cooperativas y asociaciones
podría generar ahorros significativos para la CCSS. Este modelo de
tercerización ha estado en funcionamiento desde 1987, con resultados positivos
en la gestión de servicios.
El
abogado Sergio Castillo, representante de Coopesalud, Coopesana y Coopesain,
destacó que los documentos oficiales disponibles en SICOP corresponden
exclusivamente a la licitación 2023LY-000002-0001101142. Sin embargo, los
documentos manipulados que sirvieron de base para el informe fueron alterados
antes de ser cargados al sistema estatal de compras.
Implicaciones
legales y cuestionamientos
Castillo
señaló que hay indicios claros de una intención por parte de funcionarios del
Área de Contabilidad de Costos de inflar los números y crear la percepción de
un sobreprecio inexistente. Además, cuestionó la rapidez con la que la
Contraloría General de la República validó el informe manipulado, supuestamente
a solicitud del Ministerio Público, sin recurrir a los peritajes del Organismo
de Investigación Judicial (OIJ).
Ahora,
con la nueva evidencia en su poder, la Fiscalía deberá identificar a los
responsables y esclarecer las motivaciones detrás de esta alteración de
documentos. Este hallazgo también plantea interrogantes sobre los
procedimientos internos de la CCSS y el papel de otras instituciones en la
validación de informes utilizados en procesos judiciales.
La investigación avanza en medio de una creciente expectativa por parte de las cooperativas de salud, que han solicitado que se haga justicia y se restablezca la verdad en este caso que impacta directamente la gestión de servicios esenciales para la población.
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