LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Corte Suprema de Justicia aprobó este lunes 16 de diciembre una propuesta de Ley de Régimen Sancionatorio del Poder Judicial, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir la infiltración del crimen organizado en la institución. La iniciativa, respaldada por los magistrados de Corte Plena, será remitida a la Asamblea Legislativa para su tramitación.
El proyecto tiene como objetivo mejorar las investigaciones internas, agilizar los procesos disciplinarios e imponer sanciones más efectivas. Según explicó el magistrado Jorge Leiva Poveda, miembro de la comisión encargada del desarrollo de la propuesta, la reforma abarca al personal en propiedad, interino, meritorio y suplentes, permitiendo incluso la exclusión de oferentes en listas de elegibles si se detectan faltas.
Medidas innovadoras
Una de las novedades del proyecto es la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a procedimientos administrativos disciplinarios, siempre que exista autorización judicial y se garantice la legalidad de la información. Además, introduce reglas especiales para casos de corrupción, como la ampliación de plazos de investigación y la eliminación de formalidades que favorezcan la impunidad.
El magistrado Leiva destacó también la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, que asumirá competencias actualmente en manos del Consejo Superior y Corte Plena. “Esto permitirá optimizar recursos y especializar la tramitación de casos disciplinarios”, afirmó.
Sanciones y enfoque restaurativo
La propuesta establece sanciones más estrictas, como la prohibición de reingreso al Poder Judicial durante 10 años en casos de despido por faltas graves. Además, se incorpora un enfoque restaurativo que promueve mecanismos alternativos de resolución de conflictos, junto con el debido proceso en los procedimientos sancionatorios.
“Se trata de una reforma integral y moderna que responde a las demandas ciudadanas y fortalece la lucha contra la corrupción”, aseguró Leiva Poveda.
Por su parte, Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el proyecto reafirma el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la mejora continua. “Estamos respondiendo a las necesidades ciudadanas y corrigiendo nuestras debilidades para ofrecer un servicio de justicia eficiente y de calidad”, concluyó Aguirre.
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