LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Bernardo Mora).- El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa cuestionó la más reciente versión de la ley Jaguar y la intención del Poder Ejecutivo de someterla a referéndum.
Este departamento que asesora a los diputados en cuestiones técnicas y de trámite legislativo, señalo que la nueva propuesta del Gobierno no aportaría ninguna innovación al ordenamiento jurídico del país y representaría un uso ineficiente de los recursos públicos si se somete a un referéndum.
Dicho pronunciamiento en respuesta a la solicitud que presento el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acerca del articulado del plan Jaguar 2.o que no fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, más conocida como Sala IV, esto para determinar su eventual viabilidad para ser sometido a una consulta popular.
Hay que recordar que en su pronunciamiento del pasado 1 de octubre, los magistrados de la Sala IV encontraron vicios de inconstitucionalidad a la segunda versión del proyecto de ley Jaguar, sin embargo, por mayoría, los magistrados declararon que no hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 2 del proyecto, que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Dicho artículo hace referencia a las competencias de control y fiscalización de la CGR.
El texto sustitutivo más reciente del proyecto pretende modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), el cual establece que esta institución es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores en el Estado.
Servicios Técnicos de la Asamblea explica que la legislación vigente, en particular la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley General de Control Interno, ya distinguen con claridad cuáles son las funciones de las entidades públicas, las auditorías internas y la CGR, en el sentido de que es imposible que un órgano de control interno o externo participe en la toma de decisiones. “En síntesis, la iniciativa no innova, sino que más bien hace eco de las regulaciones existentes”, explica el documento.
Para ese departamento el realizar un referéndum para una iniciativa innecesaria implica un gasto significativo que, en realidad, se podría utilizar para cubrir necesidades sociales, sanitarias o educativas de la ciudadanía. “La realización de un referéndum para crear una norma que ya existe debe ser cuidadosamente evaluada.
La organización de un referéndum conllevaría un gasto significativo de recursos, con un costo que podría superar los ¢3.000 millones, monto que eventualmente se debería destinar a cubrir necesidades sociales, sanitarias o educativas de la ciudadanía.
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