Para el Tribunal se identificaron irregularidades en el uso de esposas metálicas y en la detención sin documentación oficial ni uniformes. Incluso porque el menor permaneció más de cinco horas en una celda donde compartió con adultos, que llegaron ha amenazarlo.
Por dicho caso, el tribunal, ordeno la aplicación de medidas para evitar estos abusos, condenando además al Estado al pago de daños y perjuicios a la familia del menor de edad.
El joven había enfrentado dos procedimientos administrativos en el colegio, en noviembre de 2023 y mayo de 2024, ambos desestimados por falta de pruebas. Sin embargo, en julio de 2024, la Fiscalía Penal Juvenil ordenó su cambio de sección en el colegio, decisión cuestionada por su madre.
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