LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Vicente Cuadra).- El presidente Daniel Ortega propuso una ley, que fue aprobada el lunes pasado por el Legislativo, la cual ha creado preocupación en el sector financiero ante la posibilidad de perder a sus bancos corresponsales en otros países, que les permiten operar a nivel global, lo que les impide ofrecer servicios a personas sancionadas.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif) instruyó al sistema financiero nacional aplicar a medias una ley que ordena a los bancos desconocer las sanciones internacionales dictadas contra funcionarios del Estado y/o instituciones públicas nicaragüenses, según una circular divulgada este jueves por la prensa local.
"Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo", se lee en la circular suscrita por el titular de la Siboif, Luis Ángel Montenegro, dirigida a los gerentes de las entidades bancarias supervisadas en Nicaragua.
“Las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas (sancionados) y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, agrega el documento, titulado "Instrucciones sobre el cumplimiento de la 'Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas', con respecto a las regulaciones contractuales internacionales".
La Siboif también instruyó a los bancos a "verificar" que la prestación de servicios financieros internacionales "a estos clientes (con sanciones externas) guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”.
Ley ha creado preocupación a la banca
"Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo", se lee en la circular suscrita por el titular de la Siboif, Luis Ángel Montenegro, dirigida a los gerentes de las entidades bancarias supervisadas en Nicaragua.
“Las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas (sancionados) y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, agrega el documento, titulado "Instrucciones sobre el cumplimiento de la 'Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas', con respecto a las regulaciones contractuales internacionales".
La Siboif también instruyó a los bancos a "verificar" que la prestación de servicios financieros internacionales "a estos clientes (con sanciones externas) guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”.
Ley ha creado preocupación a la banca
La norma establece que "en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional", y que "carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance".
Además establece que ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado.
Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.
Asimismo, podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, "sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria".
Además establece que ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado.
Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.
Asimismo, podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones, "sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria".
¿Ortega dio un paso atrás?
Para el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, la Sibof decidió no cumplir al pie de la letra esa ley, sino que instruyó a los bancos a ajustarse a las normativas internacionales.
Chamorro, dirigente opositor excarcelado y desnacionalizado, consideró que la circular de la Siboif es "una forma de echar atrás” la aplicación de la nueva ley, aunque no signifique su derogación o que exista una contradicción con el documento enviado a los bancos.
"Lo que está diciendo es que la ley existe, que le abran la cuenta a los sancionados sin violentar la ley internacional, pero no los mezclen con el mercado y con las relaciones internacionales de los bancos”, explicó el economista.
El Gobierno de Ortega aún no manda la publicación de esa polémica ley al Diario <Oficial La Gaceta, por lo que aún no está en vigor.
Además de la vicepresidenta Rosario Murillo, EE.UU. y la Unión Europea han sancionado a cuatro de los hijos de la pareja presidencial; al titular del Banco Central, Ovidio Reyes; al jefe del Ejército, Julio César Avilés; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, entre otros, así como a entidades públicas.
Para el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, la Sibof decidió no cumplir al pie de la letra esa ley, sino que instruyó a los bancos a ajustarse a las normativas internacionales.
Chamorro, dirigente opositor excarcelado y desnacionalizado, consideró que la circular de la Siboif es "una forma de echar atrás” la aplicación de la nueva ley, aunque no signifique su derogación o que exista una contradicción con el documento enviado a los bancos.
"Lo que está diciendo es que la ley existe, que le abran la cuenta a los sancionados sin violentar la ley internacional, pero no los mezclen con el mercado y con las relaciones internacionales de los bancos”, explicó el economista.
El Gobierno de Ortega aún no manda la publicación de esa polémica ley al Diario <Oficial La Gaceta, por lo que aún no está en vigor.
Además de la vicepresidenta Rosario Murillo, EE.UU. y la Unión Europea han sancionado a cuatro de los hijos de la pareja presidencial; al titular del Banco Central, Ovidio Reyes; al jefe del Ejército, Julio César Avilés; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, entre otros, así como a entidades públicas.
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