LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El Ministerio de Justicia y Paz ha anunciado la presentación de una denuncia penal contra el juez de Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, tras una resolución que suspendió las medidas adoptadas para regular los comisariatos en los centros penitenciarios del país. La institución calificó esta decisión como un grave retroceso en la gestión penitenciaria y un riesgo para la seguridad nacional.
En un
comunicado, el ministerio destacó los logros alcanzados por la Policía
Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social, entre ellos:
- Más de 12.500
operativos penitenciarios realizados, con un promedio de 14 por día.
- Decomiso de
casi 7.000 celulares, más de 530 kilos de drogas y 42.000 armas blancas dentro
de las cárceles.
- Investigación
de 28 funcionarios por presuntas irregularidades, remitidos al Ministerio
Público.
Regulación de
comisariatos: la medida en disputa
Según el
ministerio, al inicio de la actual administración se detectó un esquema
irregular en los comisariatos, operados por privados de libertad sin respaldo
legal. Estas actividades habrían fomentado la violencia, el comercio ilegal y
el fortalecimiento de grupos de poder dentro de las cárceles.
Para mitigar
estos problemas, se emitió una circular que limitaba los productos disponibles
en los comisariatos y regulaba sus operaciones. Sin embargo, el juez Granados
Monge suspendió esta normativa, argumentando que afectaba los derechos
fundamentales de los privados de libertad y su reinserción social.
Rechazo a la
resolución judicial
El Ministerio de
Justicia y Paz rechazó la decisión del juez, señalándola como desconectada de
la realidad penitenciaria. Entre sus objeciones, resaltó que:
1. Ignora los
riesgos asociados al comercio no regulado en las cárceles, como extorsiones y
violencia.
2. Debilita el
control institucional y fortalece a grupos de poder.
3. Compromete la
seguridad de funcionarios y de la sociedad en general.
Medidas
adoptadas por el ministerio
En respuesta, el
ministerio ha tomado las siguientes acciones:
1. Proceso
disciplinario contra Giovanna Clealand Colwille, directora del centro
penitenciario de Limón, por presunto desacato a directrices superiores.
2. Denuncia
penal contra el juez Granados Monge por actuación irregular.
3. Denuncia en
la Inspección Judicial por conductas que podrían favorecer actividades
criminales.
Asimismo, se
anunció la elaboración de un proyecto para reformar el sistema de Ejecución de
la Pena, con el objetivo de fortalecer la gestión penitenciaria y garantizar la
seguridad nacional sin interferencias perjudiciales.
El ministerio reiteró su compromiso con la seguridad y el orden en los centros penitenciarios, asegurando que continuará defendiendo medidas destinadas a combatir la criminalidad y proteger a la ciudadanía.
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