LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Carlo Israel Díaz, fiscal general de la República, omitió en su declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República su participación en 16 sociedades anónimas, hecho que corrigió en una ampliación presentada y recibida por el órgano contralor el 15 de octubre de 2024. Según explicó Díaz en un comunicado emitido por la oficina de prensa del Ministerio Público el 31 de octubre, la omisión inicial se debió a que no mantiene vínculos económicos ni ocupa posiciones con poder de decisión en dichas sociedades.
El jerarca señaló que su inclusión en las sociedades fue meramente formal y explicó que, para mayor transparencia, amplió su declaración para reflejar estas participaciones, mencionando que su rol en las juntas directivas es “sin relevancia ni poder de decisión”. Añadió que fue nombrado en estos puestos mientras trabajaba como estudiante de Derecho en un bufete, donde es práctica común incluir a los empleados en posiciones de representación que luego pueden ser transferidas a terceros. Sin embargo, advirtió que su exclusión requiere convocar asambleas de socios, y actualmente gestiona su retiro de estas asociaciones a través del abogado que lo incluyó originalmente.
La Contraloría aclaró que, conforme al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Díaz debía haber declarado cualquier posición en sociedades con fines de lucro, aunque no tuviera participación accionaria ni de interés económico directo. Las consecuencias de no cumplir con esta obligación incluyen desde amonestaciones hasta la suspensión o remoción del cargo. La normativa exige que los altos funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento y las actualicen anualmente en mayo.
Díaz, quien asumió el cargo el 31 de octubre de 2022, figura en el Registro Nacional como fiscal en 10 sociedades y como tesorero en cinco más, además de desempeñarse como secretario en una sociedad y fiscal en una asociación del Ministerio Público. Entre las entidades en las que figura se incluye a Linley Entretenimientos, una sociedad que ha llamado la atención pública porque en ella fue nombrado tesorero un individuo vinculado al Caso Piazza, relacionado con lavado de dinero de un grupo narcotraficante.
A fin de esclarecer su situación, el fiscal general ha solicitado a Linley Entretenimientos y otras sociedades que procedan con su exclusión formal.
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