LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Silvia García).- Ya se cumplen dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, sin que hasta la fecha se conozcan los resultados detallados por centros y mesas de votación.
El país ha enfrentado desde entonces semanas de tensiones, denuncias de represión, detención de opositores, activistas y periodistas y llamados de la comunidad internacional a la transparencia que han resultado fallidos. Incluso, a principios de septiembre el líder opositor, Edmundo González, huyó de Venezuela y en una entrevista reconoció que se fue a España para asegurar su libertad.
Aquí te dejamos un recuento de lo más importante que ha ocurrido en estos dos meses.
Incertidumbre por los resultados
El 28 de julio, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, un resultado que la oposición no reconoció y que líderes de América Latina calificaron como “difícil de creer”.
La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, rechazó la victoria de Maduro y afirmó que los registros de la oposición mostraban que el candidato opositor Edmundo González recibió el 70% de los votos contra el 30% de Maduro. “Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado.
El diario estadounidense The Washington Post dijo a inicios de agosto que accedió al 80% las actas electorales en Venezuela y que Edmundo González sería el ganador de los comicios con un 66% de los votos mientras que Nicolás Maduro alcanzaría el 30%. CNN tuvo acceso a la misma data a través de una fuente independiente y comprobó que los resultados en la mesa donde votó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, son los mismos publicados en la página web resultadosconvzla.com, del equipo de Machado.
Miles de personas han salido a las calles a protestar por los resultados electorales al día siguiente de la elección y con menor intensidad en las semanas siguientes. Distintas manifestaciones convocadas por la oposición y el oficialismo se llevaron a cabo en Caracas y otras partes del mundo. Un mes después de los comicios, el 28 de agosto, líderes opositores salieron a las calles acompañados de decenas de venezolanos para denunciar el fraude en los comicios y exigir que se declarara a González Urrutia como vencedor de las elecciones.
El oficialismo también convocó a sus simpatizantes para apoyar a Nicolás Maduro y celebrar la “gran victoria popular”.
El 28 de julio, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, un resultado que la oposición no reconoció y que líderes de América Latina calificaron como “difícil de creer”.
La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, rechazó la victoria de Maduro y afirmó que los registros de la oposición mostraban que el candidato opositor Edmundo González recibió el 70% de los votos contra el 30% de Maduro. “Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado.
El diario estadounidense The Washington Post dijo a inicios de agosto que accedió al 80% las actas electorales en Venezuela y que Edmundo González sería el ganador de los comicios con un 66% de los votos mientras que Nicolás Maduro alcanzaría el 30%. CNN tuvo acceso a la misma data a través de una fuente independiente y comprobó que los resultados en la mesa donde votó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, son los mismos publicados en la página web resultadosconvzla.com, del equipo de Machado.
Miles de personas han salido a las calles a protestar por los resultados electorales al día siguiente de la elección y con menor intensidad en las semanas siguientes. Distintas manifestaciones convocadas por la oposición y el oficialismo se llevaron a cabo en Caracas y otras partes del mundo. Un mes después de los comicios, el 28 de agosto, líderes opositores salieron a las calles acompañados de decenas de venezolanos para denunciar el fraude en los comicios y exigir que se declarara a González Urrutia como vencedor de las elecciones.
El oficialismo también convocó a sus simpatizantes para apoyar a Nicolás Maduro y celebrar la “gran victoria popular”.
Comunidad internacional pide transparencia
Luego de que Maduro fuera declarado ganador sin pruebas, países de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron un escrutinio transparente y la publicación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados verificables.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones.
Y no solo fueron los gobiernos de otros países. El Departamento de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que los resultados anunciados por el CNE no pueden ser reconocidos debido a la falta de transparencia y evidencia.
La OEA dijo que el CNE no proporcionó detalles de las papeletas procesadas cuando declaró ganador a Maduro.
Por su parte, el Centro Carter –una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas– afirmó que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”.
En medio de la controversia, Maduro presentó el 31 de julio un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que certificara los resultados. Al mes siguiente, el 22 de agosto, el máximo tribunal convalidó los resultados ya dados, aunque no dio detalles de los resultados de su investigación.
Además, decidió que todo el material electoral entregado por el CNE quede bajo resguardo del TSJ y ratificó la competencia de la Sala Electoral para certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
Luego de que Maduro fuera declarado ganador sin pruebas, países de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron un escrutinio transparente y la publicación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados verificables.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones.
Y no solo fueron los gobiernos de otros países. El Departamento de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que los resultados anunciados por el CNE no pueden ser reconocidos debido a la falta de transparencia y evidencia.
La OEA dijo que el CNE no proporcionó detalles de las papeletas procesadas cuando declaró ganador a Maduro.
Por su parte, el Centro Carter –una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas– afirmó que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”.
En medio de la controversia, Maduro presentó el 31 de julio un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que certificara los resultados. Al mes siguiente, el 22 de agosto, el máximo tribunal convalidó los resultados ya dados, aunque no dio detalles de los resultados de su investigación.
Además, decidió que todo el material electoral entregado por el CNE quede bajo resguardo del TSJ y ratificó la competencia de la Sala Electoral para certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
Muertes y detenciones en el marco de las protestas
Al menos 25 personas murieron durante los días posteriores a la jornada electoral del 28 de julio, según cifras de la Fiscalía General de Venezuela. Del total de fallecidos, dos corresponden a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, dijo el fiscal general Tarek William Saab.
Las protestas en Caracas y otras ciudades venezolanas también dejaron cientos de detenidos a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. La organización no gubernamental Foro Penal dijo que hasta el 22 de agosto se registraban al menos 1.674 arrestos vinculados con la situación política del país, incluidos menores de edad y personas con discapacidad.
Las cifras oficiales reportaron más de 2.200 detenidos en relación con estas manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un informe el 28 de agosto que en Venezuela se registra una “grave crisis” que incluye el uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, persecución judicial, restricción de la libertad de expresión y obstáculos a la labor de organizaciones de derechos humanos.
Protestas en Venezuela. Getty Images
Esta semana, madres y padres de adolescentes detenidos protestaron frente a la sede principal de la Fiscalía, en el centro de Caracas, para exigir la liberación de sus familiares. Foro Penal dijo que hasta el 26 de septiembre hay 68 adolescentes detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron lo que calificaron como “prácticas de violencia institucional” en Venezuela ocurridas en el marco de la crisis política que vive el país tras los comicios.
Incluso, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a finales de julio que solicitaría a la Corte Penal Internacional (CPI) el arresto del presidente Nicolás Maduro por lo que calificó como el “baño de sangre” durante las protestas en el país.
Persecución política
Otro de los factores que ha marcado la crisis poselectoral en Venezuela es la persecución política contra líderes de la oposición.
El 30 de julio, el opositor Partido Voluntad Popular de Venezuela denunció el secuestro de su dirigente Freddy Superlano, que se llevó a cabo en medio de las detenciones en todo el país por parte de autoridades venezolanas tras las protestas en contra de los resultados electorales. Sin mencionar los cargos que enfrenta, Saab afirmó que el dirigente se encuentra “en buen estado de salud” y “está cooperando”
Otras detenciones de alto perfil fueron la del exgobernador del estado Mérida y dirigente del partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios; el exdiputado opositor Américo De Grazia; y la coordinadora del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, quien transmitió el momento en que las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza a su casa.
A principios de agosto, el Ministerio Público de Venezuela dijo que abrió una investigación penal contra González y Machado por “la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.
En tanto, Machado decidió limitar sus apariciones públicas en vista de la persecución iniciada por el Gobierno de Venezuela, como lo reveló en un artículo en el The Wall Street que escribía, según dijo, desde la clandestinidad, “temiendo por su vida, su libertad y la de sus compatriotas por las acciones de la dictadura de Nicolás Maduro”.
Crédito: JUAN BARRETO/AFP/AFP via Getty Images
Además, varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela reportaron abusos contra la prensa en la cobertura del controvertido proceso electoral, incluyendo acusaciones infundadas de terrorismo contra periodistas.
Los audios de Edmundo González y su salida del país
La crisis poselectoral en Venezuela tuvo un nuevo capítulo el pasado 20 de septiembre, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió audios que, según dijo, prueban que González Urrutia supuestamente aceptó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Horas más tarde, el abogado de González, José Vicente Haro, criticó la difusión de esas grabaciones y consideró que fueron captadas durante lo que describió como “una emboscada”. Las grabaciones, que no se escuchan con claridad, fueron presentadas como clips de video que incluían una foto de González, de una carta y subtítulos.
Edmundo González decidió huir de Venezuela y pedir asilo político en España el 8 de septiembre. A través de X, el excandidato explicó que tomó la decisión porque pensó en su familia y en todas las familias venezolanas en “este momento de tanta tensión y angustia”.
“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, expresó González.
El opositor reconoció que se fue a España para asegurar su libertad después de obtener garantías de que su familia, su auto y su apartamento en Venezuela estarían a salvo, según una entrevista concedida a Reuters desde Madrid.
González contó que un integrante de su equipo de seguridad le informó que las autoridades venezolanas se disponían a arrestarlo: “Vienen por ti” y le aconsejó dejar el país.
Cuando se cumplen dos meses de las elecciones, la tensión se mantiene mientras la comunidad internacional, especialmente los gobiernos de Brasil, México y Colombia, más cercanos a Maduro, intentan trabajan a contrarreloj para encontrar una solución política. El nuevo período presidencial en Venezuela comienza el 10 de enero de 2025.
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