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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El presidente de la República, Rodrigo Chaves, solicitó este miércoles al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, o, en su ausencia, a la vicepresidenta legislativa, Rosalía Brown, que se asigne el expediente de la Ley Jaguar a la comisión legislativa correspondiente para su pronta revisión y dictamen.
La solicitud de Chaves se basa en el fallo de la Sala Constitucional, que determinó la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley Jaguar. Este artículo modifica el primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estableciendo que la Contraloría no puede sustituir las funciones de la administración activa.
"Sobre esta base, les solicito respetuosamente y por el bien de la Patria, que se sirvan asignar el expediente de la Ley Jaguar a la comisión legislativa correspondiente, para que el mismo sea dictaminado a la mayor brevedad. El pueblo de Costa Rica recibiría con beneplácito que el proyecto avance al plenario para someter esta iniciativa a referéndum ciudadano", afirmó Chaves.
El proyecto de la Ley Jaguar propone como único contenido la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual será revisado a través de mociones en la comisión designada por la Asamblea Legislativa para eliminar cualquier otro aspecto o modificación legal que pudiera interferir.
Chaves argumenta que el bienestar de la sociedad costarricense se ve afectado por la existencia de un "gobierno paralelo" ejercido por la Contraloría General de la República, la cual, según el mandatario, interfiere con las funciones del Gobierno y sus instituciones. "El pueblo de Costa Rica se ha dado cuenta de que elige a un presidente por voto popular, y este tiene que gobernar en paralelo, en contienda con la Contraloría General de la República", enfatizó el presidente, señalando ejemplos como la orden de la Contraloría a los municipios para la construcción de acueductos, la regulación de la evaluación de docentes del MEP y el ajuste de tarifas eléctricas en el ICE.
En paralelo a la solicitud del presidente, el periodista Edgar Espinoza presentó este mismo miércoles una solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones para convocar el referéndum lo antes posible. Ambas iniciativas destacan la importancia de permitir que el pueblo costarricense ejerza su derecho democrático para mejorar el bienestar general de la población y evitar cualquier daño a la democracia.
El futuro de la reforma a la Ley Jaguar ahora depende del proceso legislativo y de la posible convocatoria del referéndum, lo que permitirá a la ciudadanía expresar su voluntad sobre el papel de la Contraloría General de la República en la administración pública.
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