LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El Concejo Municipal de Goicoechea solicitó, durante su sesión ordinaria número 35-2024 el pasado 26 de agosto, el desalojo de varias propiedades en Purral. Sin embargo, según un informe emitido el 11 de septiembre de 2024 por el ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, director de Ingeniería y Operaciones, dichas propiedades no son de dominio demanial, es decir, no pertenecen a la municipalidad, lo que impide la ejecución de la medida solicitada
El oficio MG-AG-DI-02519-2024 detalla que, tras un análisis registral y catastral de los terrenos involucrados, se concluyó que ninguna de las propiedades en cuestión está inscrita a nombre del Concejo Municipal. Además, no todas las propiedades tienen la naturaleza demanial requerida para que la municipalidad pueda intervenir. Esto implica que el desalojo debe ser gestionado por los propietarios registrales de los inmuebles y no por la municipalidad.
El acuerdo del Concejo pedía a la Administración Municipal que coordinara con diversos departamentos, como el de Catastro e Ingeniería, para llevar a cabo los desalojos en colaboración con la Dirección de Desarrollo Humano y otras instituciones de ayuda social. No obstante, el informe de Rojas aclara que esta intervención no es posible debido a que los terrenos son privados.
En su informe, Rojas recomienda que la Alcaldía Municipal coordine con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para proceder con los desalojos en las propiedades que estén inscritas a nombre de dicho instituto. Asimismo, se sugiere que la Dirección Jurídica investigue el estatus legal de la Asociación Pro-Vivienda El Oasis, propietaria de uno de los terrenos, y que, en caso necesario, se adopten las medidas jurídicas necesarias.
En cuanto a las propiedades ubicadas cerca de la antigua Pulpería La Nena, que están inscritas a nombre de terceros, se establece que los propietarios deben encargarse del desalojo de manera independiente, ya que la Municipalidad no tiene competencia para intervenir en estos casos.
Con esto queda claro que la municipalidad no está llevando a cabo ningún proceso de desalojo en las propiedades mencionadas, y que, de proceder, será responsabilidad de los dueños registrales.
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