LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El Juzgado Penal de Hacienda ordenó este jueves 10 de octubre la suspensión por un plazo de seis meses a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la entidad. Esta medida se dictó en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la administración de 138 Ebais.
Los suspendidos son María Isabel Camareno, representante de las cooperativas; Johnny Alfredo Gómez Pana y Zeirith Rojas Cerna, ambos representantes de los patronos, siendo este último también vicepresidente de la Junta Directiva; Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS; y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, exgerente general interina de la CCSS.
El Juzgado impuso además restricciones a los suspendidos, incluyendo la prohibición de tener contacto con testigos de la causa, así como de influir de cualquier forma en la licitación investigada.
El proceso judicial, que se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE, surge de una denuncia que señala la existencia de un presunto sobreprecio de 12.400 millones de colones en los contratos adjudicados a cinco cooperativas para la administración de los Ebais. La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo 28 allanamientos el pasado 23 de septiembre en relación con este caso, conocido como "Barrenador".
La investigación sugiere que los imputados habrían anulado un procedimiento de compra ya listo para su publicación, sustituyéndolo por otro en el cual supuestamente ejercieron control e influencia sobre funcionarios para modificar los términos de la licitación a favor de las cooperativas. Esto, a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas eran considerablemente más costosas en comparación con el costo actual del servicio.
Las autoridades judiciales también indagan sobre el plazo de contratación del servicio, ya que, según la Ley de Contratación Pública, este no debe exceder los cuatro años. Sin embargo, los contratos adjudicados en este caso se extendieron por un periodo de 10 años.
El pasado 24 de septiembre, el Fiscal a cargo de la audiencia ordenó la libertad de los altos jerarcas detenidos, quedando a la espera de las medidas que ahora han sido impuestas. Respecto a otros imputados en la causa, de apellidos Quirós, Araya y Porras, el Juzgado no impuso ninguna medida cautelar.
Las áreas de salud involucradas en la adjudicación de estos servicios incluyen Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
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