LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Silvia García).- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado este viernes la renovación del mandato por dos años más de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela, una resolución que ha molestado al Gobierno chavista. La fuerza de observación ha denunciado los patrones de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores o personas consideradas opositoras por el Gobierno. En su más reciente informe, presentado el mes pasado, recogió las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que incluyen el encarcelamiento y torturas a menores de edad.
La resolución aprobada en la ONU pasa revista a la grave crisis y da cuenta de que en Venezuela persiste una emergencia humanitaria que ha expulsado del país a casi ocho millones de ciudadanos y por la que al menos 7,6 millones de personas en el país requieren asistencia para el acceso a derechos básicos como alimentación y salud. También que la erosión de las libertades democráticas ha avanzado y una muestra de ello es que se han sextuplicado el número de presos políticos en el contexto poselectoral.
En el texto se exhorta al país a poner fin de inmediato a todos “los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, personas que han participado en el proceso electoral, también como observadores electorales, pueblos indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil y, a este respecto, a que ponga fin también a los cierres indebidos de medios de comunicación y a las violaciones de los derechos humanos en línea”.
El Gobierno de Maduro ha respondido con dureza
La resolución aprobada en la ONU pasa revista a la grave crisis y da cuenta de que en Venezuela persiste una emergencia humanitaria que ha expulsado del país a casi ocho millones de ciudadanos y por la que al menos 7,6 millones de personas en el país requieren asistencia para el acceso a derechos básicos como alimentación y salud. También que la erosión de las libertades democráticas ha avanzado y una muestra de ello es que se han sextuplicado el número de presos políticos en el contexto poselectoral.
En el texto se exhorta al país a poner fin de inmediato a todos “los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos, personas que han participado en el proceso electoral, también como observadores electorales, pueblos indígenas y otras partes interesadas de la sociedad civil y, a este respecto, a que ponga fin también a los cierres indebidos de medios de comunicación y a las violaciones de los derechos humanos en línea”.
El Gobierno de Maduro ha respondido con dureza
La Cancillería señaló en un comunicado que “esta despreciable misión es una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas”. La resolución fue aprobada con 23 votos a favor y 6 en contra, incluidos los rechazos de China y Cuba, socios principales del Gobierno de Nicolás Maduro. En esta renovación, los votos a favor superaron a las abstenciones (18), lo que demuestra que la preocupación sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos en Venezuela ha tomado mayor calado internacional. Los activistas consideran que es un triunfo de las víctimas.
En el último informe de la misión, los expertos alertaron que el Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó “una modalidad más dura y violenta” contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio. La misión dijo que las autoridades venezolanas llevaron de manera “consciente y planificada” acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas. La misión lleva cinco años investigando las violaciones, la persecución contra la disidencia en Venezuela desde 2014 y ha concluido que en el país sudamericano se han cometido crímenes contra la humanidad.
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su alarma “por un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”, entre las que enumeran “reclusiones arbitrarias, que en algunos casos pueden constituir desapariciones forzadas, un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden y los individuos armados llamados “colectivos”, actos de intimidación, ataques, acoso, represalias, entre otras cosas mediante la cancelación de pasaportes”.
Además del mandato de la misión independiente, la resolución pide que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos continúe su trabajo en el país. Los 13 funcionarios fueron expulsados en febrero pasado, en el contexto de la detención arbitraria de la abogada y experta en temas de seguridad y defensa Rocío San Miguel cuando iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía. La reconocida activista pasó varias horas desaparecida hasta que se confirmó su procesamiento judicial, lo que levantó las alarmas de la oficina a través de un tuit y la ira del Gobierno que ordenó la salida inmediata de su personal. San Miguel continúa presa y sin acceso a una defensa de su confianza, acusada de ser parte de una conspiración. El Gobierno de Maduro expulsó a los representantes de Völker Turk y los acusó de ser “un bufete de abogados particulares de un grupo de terroristas y golpistas en Venezuela”, pero en abril pasado, el líder chavista manifestó su intención de hacer las paces con la ONU y dijo que les pediría volver, aunque el ofrecimiento todavía no se ha concretado.
“Destacamos que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los aliados del Gobierno de Venezuela para retrasar, cambiar y enmendar la resolución, estos fueron declinados, y es una muestra de lo importante que es esta resolución para el Gobierno. De no tener importancia, el Gobierno venezolano no se hubiera tomado tantas molestias en tratar de cambiar la resolución a través de sus países amigos”, destacó la ONG Acceso a la Justicia. “Lo acontecido hoy demuestra cómo la comunidad internacional está atenta a la situación de Venezuela y cómo las víctimas tienen una vía para ser escuchadas y un órgano que las escucha y documenta sus denuncias”. La resolución también empeora, eso sí, la imagen sobre las garantías democráticas en Venezuela, un frente internacional que Maduro tiene abierto además con una investigación en el Tribunal Penal Internacional, y que ha condicionado el levantamiento de sanciones económicas en contra del país.
En el último informe de la misión, los expertos alertaron que el Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó “una modalidad más dura y violenta” contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio. La misión dijo que las autoridades venezolanas llevaron de manera “consciente y planificada” acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas. La misión lleva cinco años investigando las violaciones, la persecución contra la disidencia en Venezuela desde 2014 y ha concluido que en el país sudamericano se han cometido crímenes contra la humanidad.
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su alarma “por un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”, entre las que enumeran “reclusiones arbitrarias, que en algunos casos pueden constituir desapariciones forzadas, un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden y los individuos armados llamados “colectivos”, actos de intimidación, ataques, acoso, represalias, entre otras cosas mediante la cancelación de pasaportes”.
Además del mandato de la misión independiente, la resolución pide que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos continúe su trabajo en el país. Los 13 funcionarios fueron expulsados en febrero pasado, en el contexto de la detención arbitraria de la abogada y experta en temas de seguridad y defensa Rocío San Miguel cuando iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía. La reconocida activista pasó varias horas desaparecida hasta que se confirmó su procesamiento judicial, lo que levantó las alarmas de la oficina a través de un tuit y la ira del Gobierno que ordenó la salida inmediata de su personal. San Miguel continúa presa y sin acceso a una defensa de su confianza, acusada de ser parte de una conspiración. El Gobierno de Maduro expulsó a los representantes de Völker Turk y los acusó de ser “un bufete de abogados particulares de un grupo de terroristas y golpistas en Venezuela”, pero en abril pasado, el líder chavista manifestó su intención de hacer las paces con la ONU y dijo que les pediría volver, aunque el ofrecimiento todavía no se ha concretado.
“Destacamos que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los aliados del Gobierno de Venezuela para retrasar, cambiar y enmendar la resolución, estos fueron declinados, y es una muestra de lo importante que es esta resolución para el Gobierno. De no tener importancia, el Gobierno venezolano no se hubiera tomado tantas molestias en tratar de cambiar la resolución a través de sus países amigos”, destacó la ONG Acceso a la Justicia. “Lo acontecido hoy demuestra cómo la comunidad internacional está atenta a la situación de Venezuela y cómo las víctimas tienen una vía para ser escuchadas y un órgano que las escucha y documenta sus denuncias”. La resolución también empeora, eso sí, la imagen sobre las garantías democráticas en Venezuela, un frente internacional que Maduro tiene abierto además con una investigación en el Tribunal Penal Internacional, y que ha condicionado el levantamiento de sanciones económicas en contra del país.
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