Durante la pandemia de COVID-19, 500 millones de estudiantes en todo el mundo quedaron excluidos de la educación a distancia debido a la falta de acceso a Internet. Este informe señala que solo el 40% de las escuelas primarias y el 50% de las secundarias inferiores están conectadas a Internet, una situación especialmente crítica en países de bajos ingresos.
En Costa Rica, aunque se han logrado avances significativos en conectividad educativa, persisten grandes desafíos, particularmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Según Margarita Chaves, Coordinadora del Observatorio de la Educación de la Universidad Americana (UAM), “la brecha digital es una realidad que afecta el derecho a la educación equitativa en nuestro país”.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha lanzado iniciativas para mejorar la formación de docentes en el uso de tecnología, pero los desafíos persisten. “Muchos educadores no se sienten preparados para integrar herramientas tecnológicas en sus lecciones, lo que limita el potencial de la tecnología para mejorar el aprendizaje”, subrayó Chaves.
El informe GEM resalta que esta situación es común a nivel mundial: muchos docentes carecen de la formación adecuada para utilizar eficazmente la tecnología en sus clases, lo que contribuye a las desigualdades en los resultados educativos.
Además, el informe señala que el alto costo de mantener la conectividad representa un desafío significativo, especialmente en los países más pobres, donde los gastos pueden alcanzar los mil millones de dólares diarios, afectando a las comunidades más vulnerables.
Chaves también destacó que, en Costa Rica, muchas escuelas rurales siguen luchando con problemas de conectividad, y afirmó que es esencial invertir en soluciones accesibles y sostenibles para cerrar estas brechas.
El informe hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo a regular el uso de la tecnología en las aulas, con especial atención a la protección de datos y la privacidad. En Costa Rica, aunque se han desarrollado políticas en esta área, aún se necesita mejorar su implementación en el sector educativo.
El Informe GEM 2024 concluye instando a los gobiernos a asegurar que las inversiones en tecnología educativa sean equitativas, basadas en evidencia y centradas en el bienestar de estudiantes y docentes.
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