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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Sadniv Solrac).- Ante la creciente inseguridad en su iglesia, el diácono Francisco Alvicio y su congregación decidieron llevar sus cultos a casa con precaución. Esto se convirtió en una estrategia vital para ellos, mientras se preparaban para abandonar Nicaragua en 2023.
Al igual que Alvicio, muchos líderes religiosos, incluidos pastores evangélicos y sacerdotes católicos, así como organizaciones de derechos humanos, han expresado su preocupación por la persecución, vigilancia y encarcelamiento de religiosos en Nicaragua en años recientes.
“Si me persiguen en la iglesia, todavía tengo mi Biblia”, dijo el nicaragüense de 63 años.
“Llegar con un arma no es de buen corazón. Si alguien entra a una iglesia con uniforme, hablando en voz alta, es para intimidar”, dijo Alvicio desde Costa Rica, donde vive actualmente.
La relación entre el gobierno de Nicaragua y las comunidades religiosas ha sido conflictiva desde la represión de las protestas en 2018. Aunque el presidente Daniel Ortega buscó la mediación de la Iglesia Católica, el diálogo no avanzó y los sacerdotes que apoyaron a los manifestantes fueron acusados de ser “terroristas”.
En el ámbito evangélico, pocos pastores se han alineado con Ortega, y muchos líderes han enfrentado encarcelamientos a pesar de la apolítica que predomina en las congregaciones.
En el norte de Nicaragua, la comunidad indígena miskita, predominantemente evangélica, ha visto cómo su libertad religiosa ha sido restringida. La Iglesia Morava, con una historia de más de un siglo y 350,000 miembros antes de su clausura en 2023, solía ser un pilar en la comunidad, celebrando servicios semanales con la participación de ancianos y niños.
Sin embargo, la represión del gobierno ha llevado al cierre de numerosas organizaciones, afectando gravemente la práctica de la fe en la región.
La situación comenzó a transformarse cuando el gobierno estableció nuevas regulaciones para la congregación. En primer lugar, se introdujo un impuesto que sus integrantes no habían abonado anteriormente. Posteriormente, se emitió una directiva para sustituir su emblema.
“No lo aceptamos. No podemos cambiar algo sólo porque el gobierno lo quiere. El único camino que seguimos es el de Dios”, dijo Alvicio.
En Nicaragua, la creciente represión contra las prácticas religiosas ha llevado a congregaciones protestantes a buscar refugio en reuniones clandestinas dentro de sus hogares, donde se organizan cultos matutinos para evadir la vigilancia de individuos enmascarados que asisten a sus servicios. Muchos fieles, que temen asistir a servicios públicos, optan por la soledad de la oración en casa, convirtiendo sus espacios en iglesias improvisadas con la ayuda de vecinos.
Según la organización británica CSW, las violaciones a la libertad religiosa son más sutiles para los protestantes en comparación con las que enfrenta la Iglesia Católica, que tiene una estructura jerárquica pública. Diferentes denominaciones protestantes operan de manera independiente y dispersa, lo que dificulta la unión de esfuerzos en defensa de sus derechos frente a la represión.
Las cifras son alarmantes: entre 2018 y 2024, se registraron 870 violaciones contra la Iglesia Católica y 100 contra las protestantes; más de 256 iglesias evangélicas han sido cerradas y al menos 200 líderes religiosos han abandonado el país. La situación ha llevado a cientos de personas a vivir con miedo, mientras el gobierno nicaragüense no ha hecho comentarios sobre estas preocupaciones.
Y aunque se encuentra lejos, se ha mantenido firme a su fe y orando por un cambio del cielo para su nación.
“Nosotros, los moravos, creemos que dondequiera que estemos, podemos orar a Dios. Así que puedo caminar, hablar y pensar con ese poder, sabiendo que, incluso si estoy solo, él estará conmigo”, finalizó.
“Si me persiguen en la iglesia, todavía tengo mi Biblia”, dijo el nicaragüense de 63 años.
“Llegar con un arma no es de buen corazón. Si alguien entra a una iglesia con uniforme, hablando en voz alta, es para intimidar”, dijo Alvicio desde Costa Rica, donde vive actualmente.
La relación entre el gobierno de Nicaragua y las comunidades religiosas ha sido conflictiva desde la represión de las protestas en 2018. Aunque el presidente Daniel Ortega buscó la mediación de la Iglesia Católica, el diálogo no avanzó y los sacerdotes que apoyaron a los manifestantes fueron acusados de ser “terroristas”.
En el ámbito evangélico, pocos pastores se han alineado con Ortega, y muchos líderes han enfrentado encarcelamientos a pesar de la apolítica que predomina en las congregaciones.
En el norte de Nicaragua, la comunidad indígena miskita, predominantemente evangélica, ha visto cómo su libertad religiosa ha sido restringida. La Iglesia Morava, con una historia de más de un siglo y 350,000 miembros antes de su clausura en 2023, solía ser un pilar en la comunidad, celebrando servicios semanales con la participación de ancianos y niños.
Sin embargo, la represión del gobierno ha llevado al cierre de numerosas organizaciones, afectando gravemente la práctica de la fe en la región.
La situación comenzó a transformarse cuando el gobierno estableció nuevas regulaciones para la congregación. En primer lugar, se introdujo un impuesto que sus integrantes no habían abonado anteriormente. Posteriormente, se emitió una directiva para sustituir su emblema.
“No lo aceptamos. No podemos cambiar algo sólo porque el gobierno lo quiere. El único camino que seguimos es el de Dios”, dijo Alvicio.
En Nicaragua, la creciente represión contra las prácticas religiosas ha llevado a congregaciones protestantes a buscar refugio en reuniones clandestinas dentro de sus hogares, donde se organizan cultos matutinos para evadir la vigilancia de individuos enmascarados que asisten a sus servicios. Muchos fieles, que temen asistir a servicios públicos, optan por la soledad de la oración en casa, convirtiendo sus espacios en iglesias improvisadas con la ayuda de vecinos.
Según la organización británica CSW, las violaciones a la libertad religiosa son más sutiles para los protestantes en comparación con las que enfrenta la Iglesia Católica, que tiene una estructura jerárquica pública. Diferentes denominaciones protestantes operan de manera independiente y dispersa, lo que dificulta la unión de esfuerzos en defensa de sus derechos frente a la represión.
Las cifras son alarmantes: entre 2018 y 2024, se registraron 870 violaciones contra la Iglesia Católica y 100 contra las protestantes; más de 256 iglesias evangélicas han sido cerradas y al menos 200 líderes religiosos han abandonado el país. La situación ha llevado a cientos de personas a vivir con miedo, mientras el gobierno nicaragüense no ha hecho comentarios sobre estas preocupaciones.
Y aunque se encuentra lejos, se ha mantenido firme a su fe y orando por un cambio del cielo para su nación.
“Nosotros, los moravos, creemos que dondequiera que estemos, podemos orar a Dios. Así que puedo caminar, hablar y pensar con ese poder, sabiendo que, incluso si estoy solo, él estará conmigo”, finalizó.
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