Las diligencias se llevaron a cabo en tres ubicaciones clave: la Oficina del Centro de Control Operacional de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN), la Oficina de Tecnología e Información en la sede central de AyA, y la Planta Potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea. El objetivo principal de este operativo es la recolección de pruebas que puedan vincular a tres funcionarios de AyA, apellidados Ramírez Sánchez, Quesada Cubillo y Díaz Quesada, quienes presuntamente sabían de la adulteración del agua con hidrocarburos, pero, aun así, permitieron su distribución entre el 22 y 25 de enero de este año.
Como resultado de la distribución de agua contaminada, aproximadamente 30 personas, incluidos menores de edad, sufrieron problemas de salud como irritación en la piel, malestar en la garganta, dificultad para respirar y trastornos gastrointestinales.
Este caso se desarrolla en un contexto en el que, hace apenas cuatro meses, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al AyA por errores cometidos durante la emergencia por la contaminación de agua potable en varios cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) con xileno. La sentencia (voto 2024-935) reconoció la falta de un sistema eficiente de prevención por parte de AyA para evitar la contaminación de las fuentes de agua potable, lo que agravó la situación y afectó gravemente el derecho a la salud y al acceso al agua potable, garantizados por la Constitución Política.
Los magistrados también criticaron la tardanza en la respuesta de AyA, que no confirmó la contaminación por hidrocarburos hasta el jueves 25 de enero, a pesar de haber recibido las primeras denuncias tres días antes, el lunes 22 de enero. Esta demora afectó a comunidades en los cantones de Goicoechea, Moravia, San José y Tibás.
En respuesta a estos hechos, Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de AyA, recordó que su administración comenzó precisamente en medio de esta crisis y reafirmó el compromiso de la institución con la justicia. "Desde el 3 de mayo envié al Organismo de Investigación Judicial, sin necesidad de que me lo pidiera, un informe técnico exhaustivo de más de 650 páginas con el propósito de colaborar plenamente con la investigación y con la firme esperanza de que se identifique a los responsables de la contaminación. Nos complace ver el progreso de esta investigación y seguiremos apoyando con total transparencia a las autoridades judiciales", manifestó Quesada en un video difundido por la oficina de prensa del AyA.
La investigación continúa su curso mientras la Fiscalía sigue recolectando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este caso que ha generado preocupación y malestar en la población afectada.
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