LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La Universidad de Costa Rica (UCR) deberá recuperar ₡300,2 millones en remuneraciones pagadas de manera indebida a 217 funcionarios, según una instrucción emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Los pagos, relacionados con porcentajes de dedicación exclusiva, se realizaron en desacuerdo con los términos establecidos en la Ley 9635, "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", vigente desde 2018.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, las inconsistencias en la aplicación de la ley resultaron en pagos erróneos, específicamente en la compensación por dedicación exclusiva. La ley establece que los contratos de dedicación exclusiva no deben exceder los cinco años de vigencia y que la compensación máxima debe ser del 25% del salario base para servidores con grado de licenciatura o superior. Sin embargo, de los 238 contratos vigentes en la UCR, 128 (53,8%) se firmaron con plazos indefinidos, mientras que 217 contratos otorgaron una compensación del 30%, sobrepasando el límite legal.
A pesar de que la UCR y otras instituciones universitarias presentaron en 2020 una acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la Ley 9635, esta sigue en vigor, y los pagos no se justifican bajo dicha normativa. La CGR instó a la UCR a tomar medidas correctivas de inmediato, lo que incluye ajustar los contratos de dedicación exclusiva para que se alineen con la ley en cuanto a plazos y porcentajes de compensación, además de recuperar los montos pagados en exceso a los funcionarios.
Pedro Méndez, director académico de Rectoría de la UCR, aseguró que ya se está trabajando en un plan de acción para cumplir con lo solicitado. "Se procurará suscribir con cada funcionario una adenda a su contrato para ajustar su vigencia a cinco años máximo y para establecer la compensación del 25%, como dicta la ley", señaló Méndez.
Además, se buscará establecer acuerdos de pago con los funcionarios para devolver los montos indebidos de manera que el impacto en sus salarios sea mínimo. La auditoría de la CGR reconoció que la UCR ha implementado algunos cambios para adaptarse a la Ley 9635, pero subrayó la necesidad de continuar corrigiendo los aspectos restantes.
Durante el período auditado, de enero de 2021 a junio de 2023, se evidenció un cumplimiento parcial de los ajustes salariales. La Contraloría insistió en la importancia de continuar con los ajustes necesarios para evitar futuros pagos indebidos.
La UCR, por su parte, aún no ha informado oficialmente a los funcionarios afectados, ya que la asesoría legal de la institución se encuentra definiendo los detalles de las medidas que se implementarán.
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