LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Edgar Espinoza, columnista).- Es fácil de entender, aunque dura de digerir, la acción de la Fiscalía este lunes contra doña Marta Esquivel, presidenta de la CCSS.
Ver la imagen de un OIJ corriendo con su mazo de mango largo para irrumpir, en nombre de la violencia institucional, en el apartamento de ella, me hizo preguntar «¿Es esto Costa Rica?»
También cuando la misma policía judicial la echa en la «perrera» como a una delincuente no obstante haberse entregado ya ella de antemano, y de manera voluntaria, a las autoridades.
Y cuando la noche del mismo lunes fuera encerrada e incomunicada en un calabozo del circuito judicial de Goicoechea sin mediar el menor fundamento ni prueba legal de nada contra ella.
No me cansaré de decirlo: el Crimen Político Organizado, brazo armado de nuestra «institucionalidad», no está dispuesto a ceder un ápice el poder que, de manera corrupta, lidera desde hace años.
Con esta acción, la Fiscalía hace alarde de muy celosa, rigurosa y vigilante de la justicia sin mirar hacia atrás el gran rabo que arrastra con casos de altos jerarcas del bipartidismo que gozan, «ad perpetuam», de impunidad.
Impunidad consagrada y bendecida por un Poder Judicial incapaz de impartir justicia, pero sí muy pronto y cumplido para elevar sus privilegios merced a su eterna colusión con el Poder Legislativo y el poder político tradicional.
Denme el nombre de un solo alto jerarca del Partido Liberación Nacional condenado y encarcelado como exige la ley por cualquiera de los tantísimos delitos cometidos.
Tal vez doña Ofelia Taitelbaum nos resuelva el puzle de cómo hace ella para evadir la justicia estando condenada por un sinfín de casos.
Decía yo que esto contra doña Marta es fácil de entender porque obedece a un ostensible cambio, o golpe de timón, en la estrategia de ataque contra este gobierno por parte de la dictadura bipartidista.
De sus clásicos «noes» a las obras que el presidente Chaves intenta realizar en beneficio del ciudadano, están pasando ahora a la represión, persecución y violencia física, jurídica y política para impedirlo.
No contenta con boicotear el desarrollo y bienestar del ciudadano común interpretando la Constitución y las leyes a su antojo, la tiranía bipartidista incurre ahora en atrocidades que bien se podrían considerar terrorismo de Estado.
Desesperada ante la impopularidad y rechazo ciudadano de que es objeto, la oposición recurre a lo más espurio de su arsenal institucional para tratar de desprestigiar a los que gobiernan en favor de la Costa Rica por la que su pueblo votó en 2022.
Lo sucedido a doña Marta es un claro signo de lo que es capaz la clase política tradicional para salvaguardar y proteger a toda costa sus intereses políticos y económicos.
Buscarán todo tipo de excusas y se valdrán de toda suerte de patrañas para engordar sus «perreras» con más gente inocente, luchadora y honesta que en lo personal se sacrifica para traerle esperanza y bienestar a la Costa Rica ninguneada.
Como no hay mal que por bien no venga, espero que esta nueva brutalidad de la Fiscalía servirá para acelerar aún más la caída de la clase política tradicional y su exclusiva red de cuido.
Sus días están contados pues, cuanto más se acerca febrero de 2026, tanto más profundo y sombrío se hace el hueco que ellos mismos cavan.
Porque podrán intentarlo todo para ponerles palos a las ruedas del país, menos retorcer la voluntad de un pueblo harto de tanta aberración y dispuesto al cambio.
Sin ninguna duda, la barbaridad e injusticia cometidas contra doña Marta abonarán aún más el camino hacia esa nueva Costa Rica.
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