LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Luis Jacamo).- Hace un año la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó y ordenó el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), pero todavía no se termina de calcular el impacto negativo que está teniendo sobre la educación en Nicaragua . El abuso de los dictadores trastabilló los planes de más de cinco mil estudiantes, dejó sin empleo a más de 400 trabajadores, suprimió importantes centros de investigación científica, cerró un instituto de historia que era el mejor en Centroamérica y provocó el exilio de catedráticos y científicos. . nicaragüenses. Todo ello sin incluir el valor monetario de la universidad.
La dictadura señaló a la UCA de haberse convertido, desde las protestas de 2018, en un “centro de terrorismo” y acusó a los sacerdotes jesuitas, los propietarios, de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y “haber transgredido el orden constitucional”. ”. , el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior del país”.
Los jesuitas, en un comunicado, reaccionaron inmediatamente alegando que la confiscación fue “una represalia por el trabajo” que la institución realizaba “en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad. . del pueblo nicaragüense”.
El sacerdote José María Tojeira , quien fue asignado como el vocero de los jesuitas para atender el problema de la UCA, explicó en una entrevista con Infobae: “El cierre obedece principalmente a la represalia por haber abierto las puertas de la UCA en el 2018 a una población que huía de una manifestación disuelta a tiros, con heridos y muertos. Cuando se oyeron los tiros y la desbandada, el rector dio la orden de abrir las puertas y efectivamente se refugió mucha gente. Eso les molestó mucho”.
Tojeira también escribió en un blog: “Proteger a quien se manifestaba pacíficamente contra el gobierno cuando la gente huía de las balas del ejército, fue considerado un acto de terrorismo” .
Las palabras de Tojeira fueron confirmadas a 100% Noticias por estudiantes, diciendo que para ellos la UCA era un lugar “seguro”.
Tojeira reveló que ni siquiera hubo una llamada a las autoridades universitarias para que respondieran a las acusaciones de traición y terrorismo, y no se permitió el derecho a la defensa ni hubo proceso judicial”. Lo único que hubo fue una “orden escueta de una jueza obediente al régimen”.
El 15 de agosto 2023, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles y cuentas bancarias de la UCA. Fue el 16 de agosto, que la UCA confirmó, en un comunicado, la confiscación y suspendió todas las actividades académicas y administrativas.
Un día “triste”
Fue “un día triste” ese 16 de agosto de 2023, dicen estudiantes y académicos de lo que fue la UCA, en Managua.
Por la mañana, habían pocas personas dentro de la universidad. El personal, algunos visitantes y unos pocos estudiantes, pues aún era tiempo de matrículas. Faltaban pocos días para que iniciara el segundo semestre.
En Registro Académico, un número de estudiantes que se podían contar con los dedos de las manos se apresuraban a tramitar sus notas. En el IHNCA unas personas cargaban cajas de libros y documentos en un carro liviano que se apostó en la salida trasera de ese instituto.
Por la tarde de ese día, circuló una foto que reveló los momentos de tensión que se vivieron horas antes, pues en la misma se observa a unos trabajadores de la UCA bajando apresuradamente un Cristo que los jesuitas tenían en el altar mayor de la capilla de la misma.
Y así en cada oficina, movimientos raros que no todos pudieron percibir, pues solo unas pocas personas sabían lo que estaba ocurriendo: que la dictadura Ortega Murillo había iniciado una causa judicial contra los jesuitas por el delito de terrorismo y una jueza ya había ordenado la incautación de la UCA con todos sus edificios, muebles, dinero de las cuentas bancarias. Todo.
El entonces Ministerio de Gobernación le dio el golpe final, el 18 de agosto 2023, al "aprobar la cancelación de la Personalidad Jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA)". Alegaron supuesto incumplimiento de presentación de sus estados financieros durante los periodos fiscales de 2020, 2021 y 2022 y supuestamente su Junta Directiva estaba vencida desde el 18/03/2022.
La pesadilla de los estudiantes
El cierre de la UCA no fue algo de un solo día, aclara Claudio. Siete días antes circuló la información del congelamiento de las cuentas bancarias.
“Desde el 2021 se rumoraba que la UCA iba a ser cerrada. Primero se le quitó el seis por ciento (asignación constitucional del Presupuesto General de la República). Después se le fue presionando, no se le quería acreditar por el CNEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación)”, expresó Claudio.
Por esos días, el régimen también inhabilitó, a través de la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (Dirac), el Centro de Mediación que funcionaba en la universidad, lo que también afectó al Bufete Jurídico de la UCA.
Cuando congelaron las cuentas bancarias, comenzó la zozobra de los estudiantes. “Hubo una primera comunicación, en la que (las autoridades de la UCA) llamaban a la calma, que harían lo posible porque todo se restableciera. No fue posible. Cuando ya fue confiscada, la UCA no tenía comunicación directa con los estudiantes, todos los correos los cancelaron. Perdimos muchas cosas”, relata Claudio.
Un día después del cierre de la UCA, la dictadura, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), creó una nueva universidad dentro de las mismas instalaciones y la llamó Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, dándole el nombre de un antiguo guerrillero sandinista que fue amigo del dictador Daniel Ortega, cuando ambos estudiaron precisamente en la UCA en los primeros años de la década de 1960.
Los estudiantes no tenían idea de quien fue Casimiro Sotelo. “Buscamos en internet para saber quién era”, explica María, para quien la apertura de la “Casimiro”, le causó sentimientos encontrados. Por un lado, un alivio porque podría terminar la carrera de derecho. Por otro, pesar porque ya no saldría de una universidad con prestigio como el de la UCA.
Antes, María tuvo que esperar meses que se le hicieron eternos para regresar a clases, porque el régimen Ortega Murillo no pudo hacer funcionar tan pronto una universidad como la UCA. Tres veces se pospuso el inicio de las clases.
“Nadie cree en la Casimiro, pero se apropiaron de todas las notas”, expresa Claudio, explicando que el inicio fue difícil para el régimen porque los estudiantes de la UCA no querían matricularse en la Casimiro y buscaron otras universidades que tuvieran un prestigio similar al de la UCA.
Una de esas opciones fue la Universidad Americana (UAM), propiedad del ejército, pero los estudiantes consideraron que ahí había “un mínimo de calidad educativa”, afirma Claudio. Fueron cientos los estudiantes que buscaron la UAM, se llegó a hablar de más de 600, pero a los pocos días de haberse matriculado la universidad les canceló la inscripción. Ni la UAM ni otras universidades aceptaron a los que llegaban de la confiscada UCA.
“Fue vergonzoso para la UAM que los obligaran a cancelar matrículas”, dice Ernesto Medina, quien fue rector de esa universidad.
Al cerrárseles las puertas de las demás universidades en Nicaragua, quienes no podían salir del país no tuvieron otra opción más que ingresar a la Casimiro, pero, cuando lo intentaron, no los admitieron. “A los que no habían asistido (desde que el régimen convocó a matrículas), los tacharon y no los dejaron continuar estudios. Fueron muchos los estudiantes de la UCA que no pudieron continuar en la Casimiro, aunque quisieran”, explica Claudio.
El líder estudiantil Edgard Blanco dice que ocurrió lo mismo que en las universidades públicas, donde se niega el derecho a la educación al estudiante del que se sospecha que no apoya al régimen. “Es una negación de matrícula con tintes políticos”, señala Blanco.
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) apoyó para que algunos estudiantes de la UCA fueran a estudiar a la universidad hermana de la UCA en El Salvador, llamada Simeón Cañas, así como en la también universidad jesuita de Guatemala, la Rafael Landívar, pero solo una minoría lograron aprovechar esas becas, porque el traslado a esos países implicaba abandonar a la familiar, así como gastos de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros.
Además, para esas universidades también fue complicado porque “no tenían contemplado” recibir a una avalancha de estudiantes, manifiesta Claudio. “No a todos les dieron becas. Fue una opción limitada”, añade.
El entonces rector de la UCA de El Salvador, el padre Andreu Oliva, dijo a los pocos días de la confiscación que unos 1,600 estudiantes tocaron las puertas de esa academia, pero que sería “difícil atenderlos rápidamente”.
“Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ciertamente no podríamos hacerlo de manera inmediata. También ya tenemos los cursos iniciados en ambas universidades (la de El Salvador y la de Guatemala) y quizás no podremos responder y comenzaremos a hacer un trabajo hasta principios del próximo año (2024)”, dijo el padre Oliva a finales de agosto de 2023, en una entrevista con el medio Confidencial.
En total, señaló después el padre José María Tojeira, fueron cuatro mil los estudiantes de la UCA que buscaron continuar sus estudios fuera de Nicaragua.
La mayoría de esos estudiantes no lograron continuar sus estudios, unos porque no sentían seguridad de ingresar a la universidad que la dictadura creó en las instalaciones robadas a la UCA, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, y otros porque no tienen los recursos para estudiar en otro país, explica el dirigente estudiantil Edgard Blanco, del movimiento Acción Universitaria.
Los estudiantes de escasos recursos no tuvieron otro camino que ingresar a la Casimiro y algunos, como táctica, debido a que la dictadura secuestró los registros académicos, entraron solo para sacar las notas y luego continuar estudios en otra universidad, revela Claudio.
Otros estudiantes, muy pocos, han buscado seguir en otras universidades de Costa Rica, Estados Unidos y Europa.
Los docentes que se quedaron en la Casimiro “tienen miedo a expresar su pensamiento libremente”, afirma Medina, mientras que Blanco asegura que “los más críticos, los que apoyaron a los estudiantes, han tenido que salir” del país.
El cierre de la UCA no fue algo de un solo día, aclara Claudio. Siete días antes circuló la información del congelamiento de las cuentas bancarias.
“Desde el 2021 se rumoraba que la UCA iba a ser cerrada. Primero se le quitó el seis por ciento (asignación constitucional del Presupuesto General de la República). Después se le fue presionando, no se le quería acreditar por el CNEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación)”, expresó Claudio.
Por esos días, el régimen también inhabilitó, a través de la Dirección Alterna de Resolución de Conflictos (Dirac), el Centro de Mediación que funcionaba en la universidad, lo que también afectó al Bufete Jurídico de la UCA.
Cuando congelaron las cuentas bancarias, comenzó la zozobra de los estudiantes. “Hubo una primera comunicación, en la que (las autoridades de la UCA) llamaban a la calma, que harían lo posible porque todo se restableciera. No fue posible. Cuando ya fue confiscada, la UCA no tenía comunicación directa con los estudiantes, todos los correos los cancelaron. Perdimos muchas cosas”, relata Claudio.
Un día después del cierre de la UCA, la dictadura, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), creó una nueva universidad dentro de las mismas instalaciones y la llamó Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, dándole el nombre de un antiguo guerrillero sandinista que fue amigo del dictador Daniel Ortega, cuando ambos estudiaron precisamente en la UCA en los primeros años de la década de 1960.
Los estudiantes no tenían idea de quien fue Casimiro Sotelo. “Buscamos en internet para saber quién era”, explica María, para quien la apertura de la “Casimiro”, le causó sentimientos encontrados. Por un lado, un alivio porque podría terminar la carrera de derecho. Por otro, pesar porque ya no saldría de una universidad con prestigio como el de la UCA.
Antes, María tuvo que esperar meses que se le hicieron eternos para regresar a clases, porque el régimen Ortega Murillo no pudo hacer funcionar tan pronto una universidad como la UCA. Tres veces se pospuso el inicio de las clases.
“Nadie cree en la Casimiro, pero se apropiaron de todas las notas”, expresa Claudio, explicando que el inicio fue difícil para el régimen porque los estudiantes de la UCA no querían matricularse en la Casimiro y buscaron otras universidades que tuvieran un prestigio similar al de la UCA.
Una de esas opciones fue la Universidad Americana (UAM), propiedad del ejército, pero los estudiantes consideraron que ahí había “un mínimo de calidad educativa”, afirma Claudio. Fueron cientos los estudiantes que buscaron la UAM, se llegó a hablar de más de 600, pero a los pocos días de haberse matriculado la universidad les canceló la inscripción. Ni la UAM ni otras universidades aceptaron a los que llegaban de la confiscada UCA.
“Fue vergonzoso para la UAM que los obligaran a cancelar matrículas”, dice Ernesto Medina, quien fue rector de esa universidad.
Al cerrárseles las puertas de las demás universidades en Nicaragua, quienes no podían salir del país no tuvieron otra opción más que ingresar a la Casimiro, pero, cuando lo intentaron, no los admitieron. “A los que no habían asistido (desde que el régimen convocó a matrículas), los tacharon y no los dejaron continuar estudios. Fueron muchos los estudiantes de la UCA que no pudieron continuar en la Casimiro, aunque quisieran”, explica Claudio.
El líder estudiantil Edgard Blanco dice que ocurrió lo mismo que en las universidades públicas, donde se niega el derecho a la educación al estudiante del que se sospecha que no apoya al régimen. “Es una negación de matrícula con tintes políticos”, señala Blanco.
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) apoyó para que algunos estudiantes de la UCA fueran a estudiar a la universidad hermana de la UCA en El Salvador, llamada Simeón Cañas, así como en la también universidad jesuita de Guatemala, la Rafael Landívar, pero solo una minoría lograron aprovechar esas becas, porque el traslado a esos países implicaba abandonar a la familiar, así como gastos de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros.
Además, para esas universidades también fue complicado porque “no tenían contemplado” recibir a una avalancha de estudiantes, manifiesta Claudio. “No a todos les dieron becas. Fue una opción limitada”, añade.
El entonces rector de la UCA de El Salvador, el padre Andreu Oliva, dijo a los pocos días de la confiscación que unos 1,600 estudiantes tocaron las puertas de esa academia, pero que sería “difícil atenderlos rápidamente”.
“Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero ciertamente no podríamos hacerlo de manera inmediata. También ya tenemos los cursos iniciados en ambas universidades (la de El Salvador y la de Guatemala) y quizás no podremos responder y comenzaremos a hacer un trabajo hasta principios del próximo año (2024)”, dijo el padre Oliva a finales de agosto de 2023, en una entrevista con el medio Confidencial.
En total, señaló después el padre José María Tojeira, fueron cuatro mil los estudiantes de la UCA que buscaron continuar sus estudios fuera de Nicaragua.
La mayoría de esos estudiantes no lograron continuar sus estudios, unos porque no sentían seguridad de ingresar a la universidad que la dictadura creó en las instalaciones robadas a la UCA, la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, y otros porque no tienen los recursos para estudiar en otro país, explica el dirigente estudiantil Edgard Blanco, del movimiento Acción Universitaria.
Los estudiantes de escasos recursos no tuvieron otro camino que ingresar a la Casimiro y algunos, como táctica, debido a que la dictadura secuestró los registros académicos, entraron solo para sacar las notas y luego continuar estudios en otra universidad, revela Claudio.
Otros estudiantes, muy pocos, han buscado seguir en otras universidades de Costa Rica, Estados Unidos y Europa.
Los docentes que se quedaron en la Casimiro “tienen miedo a expresar su pensamiento libremente”, afirma Medina, mientras que Blanco asegura que “los más críticos, los que apoyaron a los estudiantes, han tenido que salir” del país.
La ciencia, otra víctima
Ernesto Medina también se duele de que con el cierre de la UCA “hemos perdido el mejor centro de investigación de la historia de Centroamérica y Nicaragua”, como era el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), así como también se eliminaron valiosos centros de investigación científica, como el centro de biología molecular y muchos otros.
“Es un crimen contra el país”, sentencia Medina.
“No pensaron los dictadores ni en los institutos de investigación. No quiero ni pensar lo que está pasando con la biblioteca. El gobierno solo piensa en sostenerse en el poder. No les interesa la gente que piensa. Los jóvenes quieren educarse, pero ellos solo quieren que la gente diga gracias al comandante y a la compañera”, se queja en entrevista con 100% Noticias.
Medina revela que la UCA apoyaba a la Academia de Ciencias de Nicaragua con una oficina y una asistente para la junta directiva y todo eso también se perdió. “La UCA era la que apoyaba a la academia y por eso funcionaba”, dice.
La realidad de la Casimiro
“Las flores, los arbolitos y todo lo que era la UCA siguen bien cuidados”, explica María, quien no tuvo otra opción que continuar los estudios en la Casimiro.
Lo que no sigue igual es el orden, las condiciones tecnológicas, el ambiente de libertad y la calidad de la enseñanza que antes existió en la UCA, añade la joven.
Cuando la dictadura por fin pudo echar a andar a la universidad, en febrero de este año 2024, “había mucha desorganización”, señala María.
“Preguntabas información al personal y unos te decían una cosa, otros te decían otra, todo era contradictorio. Incluso, algunos nos decían no sé. Nadie sabía nada. No sabíamos dónde acudir. Todo era manual. Se producían errores, en nombres. Estábamos acostumbrados (con la UCA) a hacer todo tan fácil y desde la comodidad del hogar. (Los trabajadores de la Casimiro) se miraban cansados y confundidos”, recuerda la estudiante.
María también siente enormes diferencias en el trato con los docentes. Los de la UCA informaban bien sobre la materia a impartir, las fechas de los temas, la forma de evaluar. A los de la Casimiro parece que lo único importante es si los alumnos asisten o no.
“Muchos de ellos son desconocidos y ni siquiera les importa conocerte. No son abiertos, no son empáticos con la situación que nosotros estamos. Muchos no usan data show para hacer sus presentaciones, ni siquiera nos presentaron el syllabus de la clase, simplemente, llegaron, dijeron su nombre, no nos preguntaron el de nosotros, y comenzaron a dar su clase, no hemos tenido un libro, un temario en orden, sino que hemos recibido clases de acuerdo a lo que ellos consideran que conviene. La asistencia sí la están valorando bastante. Todos los días se pasa asistencia. Dicen, que, si uno no falla, eso acumula puntos”, expresa María.
Claudio, por su parte, explica que los maestros de la Casimiro tienen identificados a quienes eran de la UCA y “los presionan de todo tipo de formas”. “Les exigen excesivamente, o son rigurosos al evaluarlos. Hay cierto rechazo a ellos”, indica.
El líder estudiantil Edgard Blanco no fue estudiante de la UCA, pero desde el movimiento Acción Universitaria ha conocido de cerca el problema y dice que la dictadura organizó un espionaje político dentro de la universidad desde que comenzó a convertirla en la Casimiro.
“A las universidades las han convertido en cárceles. Hay cámaras por todos lados, micrófonos, infiltrados en los guardas de seguridad, personal de limpieza, espías políticos para que escuchen conversaciones”, asegura.
En la Casimiro no se permite que los estudiantes elaboren tesis que critiquen a la dictadura, ni de la forma más leve, agrega Blanco, y en ese afán se eliminan algunas que pueden ser innovadoras.
“Quemar libros no lo han hecho de forma explícita, pero la quema de libros la han hecho cerrando universidades, desde que prohibieron cierta literatura, cambiando la historia de Nicaragua, qué se puede contar y qué no”, advierte Blanco.
El académico Ernesto Medina agrega que la UCA era un buen ejemplo de lo que es realmente una universidad, pero, al haber sido cerrada, el país pierde y se le suma el hecho de que “las instituciones en Nicaragua tienen un nivel científico bajísimo”.
“Una universidad que solo suple el mercado está lejos de serlo. Tiene que incluir la investigación y la reflexión. Las (universidades) estatales perdieron esa función al plegarse a la voluntad política del gobierno. Los investigadores se han ido. Los rectores son comisarios políticos. Los profesores tienen miedo a expresar su pensamiento libremente. Los estudiantes por la beca no dicen nada y sirven de comparsas en espectáculos tristes”, lamenta Medina.
Por último, Medina señala que “la Casimiro puede hacer cualquier cosa, menos formar a los estudiantes”. “No dejan pensar a la gente. Nos afecta a todos. Todos los nicaragüenses debemos preocuparnos por lo que pasa en Nicaragua”, indicó.
“Ya no tenemos universidades libres. Ninguna libertad académica. La Casimiro es un centro de adoctrinamiento más, usando a viejos rectores, exdecanos de las públicas, que les dan esos puestos como premio a su lealtad política, mientras millas de jóvenes se han ido al exilio porque no se sentían seguros en la Casimiro”, Lamentó Edgard Blanco.
Aunque desde un principio la dictadura vendió la idea de que confiscó la UCA para hacerla accesible a jóvenes de escasos recursos, Medina desmiente esa narrativa.
“La esencia del compromiso del Estado con la educación no es solo la gratuidad, es que la educación fomenta la dignidad como persona, con valores, con libertad, con ambición por vivir en justicia, eso es la educación. (En la Casimiro) a los jóvenes se les está formando para asistir a actos partidarios”, criticó Medina.
“Las flores, los arbolitos y todo lo que era la UCA siguen bien cuidados”, explica María, quien no tuvo otra opción que continuar los estudios en la Casimiro.
Lo que no sigue igual es el orden, las condiciones tecnológicas, el ambiente de libertad y la calidad de la enseñanza que antes existió en la UCA, añade la joven.
Cuando la dictadura por fin pudo echar a andar a la universidad, en febrero de este año 2024, “había mucha desorganización”, señala María.
“Preguntabas información al personal y unos te decían una cosa, otros te decían otra, todo era contradictorio. Incluso, algunos nos decían no sé. Nadie sabía nada. No sabíamos dónde acudir. Todo era manual. Se producían errores, en nombres. Estábamos acostumbrados (con la UCA) a hacer todo tan fácil y desde la comodidad del hogar. (Los trabajadores de la Casimiro) se miraban cansados y confundidos”, recuerda la estudiante.
María también siente enormes diferencias en el trato con los docentes. Los de la UCA informaban bien sobre la materia a impartir, las fechas de los temas, la forma de evaluar. A los de la Casimiro parece que lo único importante es si los alumnos asisten o no.
“Muchos de ellos son desconocidos y ni siquiera les importa conocerte. No son abiertos, no son empáticos con la situación que nosotros estamos. Muchos no usan data show para hacer sus presentaciones, ni siquiera nos presentaron el syllabus de la clase, simplemente, llegaron, dijeron su nombre, no nos preguntaron el de nosotros, y comenzaron a dar su clase, no hemos tenido un libro, un temario en orden, sino que hemos recibido clases de acuerdo a lo que ellos consideran que conviene. La asistencia sí la están valorando bastante. Todos los días se pasa asistencia. Dicen, que, si uno no falla, eso acumula puntos”, expresa María.
Claudio, por su parte, explica que los maestros de la Casimiro tienen identificados a quienes eran de la UCA y “los presionan de todo tipo de formas”. “Les exigen excesivamente, o son rigurosos al evaluarlos. Hay cierto rechazo a ellos”, indica.
El líder estudiantil Edgard Blanco no fue estudiante de la UCA, pero desde el movimiento Acción Universitaria ha conocido de cerca el problema y dice que la dictadura organizó un espionaje político dentro de la universidad desde que comenzó a convertirla en la Casimiro.
“A las universidades las han convertido en cárceles. Hay cámaras por todos lados, micrófonos, infiltrados en los guardas de seguridad, personal de limpieza, espías políticos para que escuchen conversaciones”, asegura.
En la Casimiro no se permite que los estudiantes elaboren tesis que critiquen a la dictadura, ni de la forma más leve, agrega Blanco, y en ese afán se eliminan algunas que pueden ser innovadoras.
“Quemar libros no lo han hecho de forma explícita, pero la quema de libros la han hecho cerrando universidades, desde que prohibieron cierta literatura, cambiando la historia de Nicaragua, qué se puede contar y qué no”, advierte Blanco.
El académico Ernesto Medina agrega que la UCA era un buen ejemplo de lo que es realmente una universidad, pero, al haber sido cerrada, el país pierde y se le suma el hecho de que “las instituciones en Nicaragua tienen un nivel científico bajísimo”.
“Una universidad que solo suple el mercado está lejos de serlo. Tiene que incluir la investigación y la reflexión. Las (universidades) estatales perdieron esa función al plegarse a la voluntad política del gobierno. Los investigadores se han ido. Los rectores son comisarios políticos. Los profesores tienen miedo a expresar su pensamiento libremente. Los estudiantes por la beca no dicen nada y sirven de comparsas en espectáculos tristes”, lamenta Medina.
Por último, Medina señala que “la Casimiro puede hacer cualquier cosa, menos formar a los estudiantes”. “No dejan pensar a la gente. Nos afecta a todos. Todos los nicaragüenses debemos preocuparnos por lo que pasa en Nicaragua”, indicó.
“Ya no tenemos universidades libres. Ninguna libertad académica. La Casimiro es un centro de adoctrinamiento más, usando a viejos rectores, exdecanos de las públicas, que les dan esos puestos como premio a su lealtad política, mientras millas de jóvenes se han ido al exilio porque no se sentían seguros en la Casimiro”, Lamentó Edgard Blanco.
Aunque desde un principio la dictadura vendió la idea de que confiscó la UCA para hacerla accesible a jóvenes de escasos recursos, Medina desmiente esa narrativa.
“La esencia del compromiso del Estado con la educación no es solo la gratuidad, es que la educación fomenta la dignidad como persona, con valores, con libertad, con ambición por vivir en justicia, eso es la educación. (En la Casimiro) a los jóvenes se les está formando para asistir a actos partidarios”, criticó Medina.
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