LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En un golpe contundente contra el crimen organizado, la Policía Internacional (INTERPOL) detuvo en Estados Unidos a Ana Vivian Barboza Carvajal, abogada del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y figura clave en una presunta red criminal de venta de niños que operaba desde dentro de la institución. Barboza Carvajal, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta de la filial sindical de ANEP en el PANI, habría huido al país norteamericano para evadir la justicia costarricense.
La captura de Barboza pone fin a una intensa búsqueda internacional, siendo la única de los implicados en esta red que aún permanecía prófuga. Según las autoridades, su papel dentro de la organización era crucial, ya que utilizaba su posición para facilitar la separación de menores de sus familias y su posterior venta a familias preadoptivas de alto poder adquisitivo.
Una red criminal que se expande
Las investigaciones revelan una compleja estructura dentro del PANI, donde al menos siete funcionarios de la oficina de Cariari de Pococí han sido suspendidos bajo sospecha de participar en esta red. Entre los involucrados se encuentran Franklin Barrantes Montero, coordinador de la oficina; Sirlen Vanesa Chacón Alpízar, psicóloga; Joselyn Hernández Méndez, trabajadora social; Evelyn Montero Barrantes, psicóloga; Jorge Fernández Céspedes, abogado; y Audelia Obando Marín, trabajadora social.
El modus operandi de la banda consistía en identificar a madres en situaciones de vulnerabilidad, como pobreza extrema o falta de documentación, para luego quitarles sus bebés bajo pretextos legales. Los informes psicosociales manipulados por Chacón Alpízar, junto con la aprobación de Barboza Carvajal, permitían la adopción ilegal de estos menores.
Expansión a otras oficinas del PANI
La red no se limitaba a Cariari de Pococí. Las investigaciones han señalado que la operación se extendió a otras oficinas del PANI, incluyendo Puerto Jiménez, Orotina, Barrio San José de Alajuela y Poás Varablanca. Los expedientes analizados comprometen a varios abogados y funcionarios del PANI en estas localidades, quienes, según las denuncias, colaboraban activamente en la red de tráfico de menores.
Entre los nombres que resaltan están Luis Carlos Campos Luna, de Poás Varablanca; Manuel David Rojas Saborío y Johan David Gutiérrez, de Barrio San José de Alajuela, quienes presuntamente actuaban bajo la supervisión de Yorleny Mora Acuña, directora regional del PANI en Alajuela, actualmente suspendida.
El rol de ONG y adopciones
La red de venta de niños también contaba con la complicidad de organizaciones externas. El Departamento de Adopciones del PANI y la ONG Casa Viva, con albergues en Barrio San José de Alajuela y Grecia, han sido señalados como colaboradores esenciales para la operación de esta organización criminal.
Siguientes pasos
Con la detención de Barboza Carvajal, las autoridades esperan que se esclarezca por completo el alcance de esta red criminal. Aún falta por capturar a Isela Chavarría Berrocal, trabajadora social implicada en los informes fraudulentos y quien aparentemente replicó el modus operandi en la oficina de Orotina.
Este caso ha sacudido los cimientos del PANI y puesto en tela de juicio los procedimientos de adopción y protección infantil en Costa Rica. La sociedad espera que la justicia prevalezca y que se tomen medidas para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.
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