Fiscalía solicita juicio contra Rocío Aguilar y Tomás Soley por presunto nombramiento ilegal en SUPEN


LA VOZ DE GOICOECHEA
(Por Isaí Jara, periodista).- 
El Ministerio Público solicitó este 26 de agosto la apertura a juicio en el caso que involucra a la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, y al Superintendente de Seguros, Tomás Soley, por un presunto nombramiento ilegal y prevaricato en la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Así lo confirmó la Oficina de Prensa de la Fiscalía.

La causa gira en torno al supuesto nombramiento irregular de Adrián Pacheco como director de Planificación y Normativa en la SUPEN, un puesto que, según se alega, Pacheco no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar. Según el informe, el cargo demandaba al menos cinco años de experiencia en jefaturas, una condición que Pacheco no poseía. No obstante, el funcionario habría declarado bajo juramento que tenía la experiencia necesaria, argumentando que las responsabilidades de su cargo previo eran equivalentes a las de una jefatura. Esta afirmación fue respaldada por una carta emitida por el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), Alberto Dent.

El rol del director de Planificación y Normativa en SUPEN es crucial, pues implica determinar los topes de inversión en el extranjero, recopilar información estadística sobre los rendimientos e inversiones nacionales e internacionales, entre otras funciones clave para el CONASSIF. La auditoría interna señaló como irregular que Pacheco fuera nombrado en este puesto sin cumplir con los requisitos establecidos, a pesar de la declaración jurada y el respaldo de Dent.

La Fiscalía sostiene que Aguilar y Soley, junto con otros funcionarios, habrían promovido y facilitado este nombramiento ilegal, violando los procedimientos establecidos. Además, se sospecha que tanto Pacheco como Dent falsificaron información en documentos públicos para cubrir el requisito de experiencia.

Actualmente, la audiencia preliminar se encuentra en desarrollo bajo la supervisión de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. La resolución de esta etapa definirá si el caso procede a juicio.

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