LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Equipo Editorial).- La crisis ambiental que enfrentan las comunidades de Mozotal de Ipís y Purral de Goicoechea es un alarmante reflejo de la negligencia en la gestión de residuos sólidos que aqueja a nuestro país. El botadero a cielo abierto que ha generado la respectiva denuncia ante la Fiscalía Ambiental no solo deteriora la calidad de vida de los vecinos, sino que también pone en grave riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico de la región. Este escenario evidencia la imperiosa necesidad de fortalecer y empoderar a los gobiernos locales para que puedan abordar de manera efectiva y oportuna estos desafíos medioambientales.
El alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría, ha manifestado su profunda frustración ante la aparente inacción de la Fiscalía, pese a los esfuerzos constantes realizados desde enero de 2023 para resolver esta problemática. Mientras tanto, la realidad que viven los habitantes de estas comunidades es insostenible: camiones cargados de basura, escombros y tierra llegan constantemente al lugar, sumándose a la quema ilegal de desechos que contamina el aire con sustancias tóxicas. Videos capturados por residentes de Purral demuestran de manera irrefutable cómo se vierten bolsas de basura sin ningún tipo de control, confirmando la existencia de un botadero que crece día a día ante la mirada impasible de las autoridades competentes.
La municipalidad, liderada por el Concejo Municipal la alcaldía y la gestión ambiental, han intentado tomar medidas para contrarrestar esta situación. Sin embargo, la falta de coordinación entre instituciones y los engorrosos procesos burocráticos han impedido la implementación de soluciones concretas y efectivas. Es imprescindible que las municipalidades, como Gobierno Local más cercanos a la ciudadanía, cuenten con la autoridad y las herramientas legales necesarias para actuar de manera decisiva y rápida en casos de emergencia ambiental como este.
No podemos permitir que la salud y el bienestar de los vecinos sigan siendo comprometidos por la ineficiencia y la desidia institucional. Las autoridades municipales deben tener la capacidad de intervenir sin obstáculos cuando la evidencia de contaminación es tan evidente y los impactos en la comunidad son tan severos. No es aceptable que la solución a esta crisis dependa exclusivamente de largos y tediosos procesos judiciales; la municipalidad tiene el deber y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar un entorno saludable y seguro.
Si bien es cierto que existe un orden jerárquico en la gestión de residuos, este no debe ser un impedimento para que las municipalidades actúen de manera proactiva y contundente. Con una policía municipal preparada y funcionarios técnicos capacitados, lo único que se requiere es otorgarles las facultades legales necesarias para tomar decisiones y ejecutar acciones efectivas en defensa del medio ambiente y la salud pública.
Los vecinos de La Trinidad de Mozotal, Cafetos, Karla María y Purral son quienes sufren en carne propia las consecuencias de esta inacción. Día tras día, se ven obligados a soportar el hedor nauseabundo que emana de los desechos acumulados, teniendo que cerrar puertas y ventanas para protegerse de la contaminación que invade sus hogares. Esta situación atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, y es una muestra clara de la falta de compromiso y responsabilidad por parte de las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la población.
Es urgente que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) hagan cumplir de manera estricta y rigurosa las normativas preventivas existentes. Estas instituciones deben actuar de oficio para clausurar el botadero ilegal y asegurar que la municipalidad cuente con el respaldo necesario para hacer cumplir las órdenes correspondientes. Además, el proceso de remoción de residuos debe ser agilizado, evitando así la perpetuación de una problemática que se agrava con el paso del tiempo y que podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema local y la salud de los habitantes.
En última instancia, la gestión efectiva de los residuos sólidos es una responsabilidad compartida que no puede recaer exclusivamente en las municipalidades. Es necesario que todos, desde las instituciones gubernamentales hasta cada uno de los ciudadanos, participemos activamente en la búsqueda de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los municipios, como actores clave en este escenario, deben liderar con determinación y compromiso, pero también requieren del apoyo y la colaboración de la sociedad en su conjunto.
Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos aspirar a construir un entorno más sano y una mejor calidad de vida para todos. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con la diligencia que la situación exige, empoderando a los gobiernos locales y fortaleciendo los mecanismos de control y sanción contra quienes atentan contra nuestro medio ambiente y salud. El futuro de nuestras comunidades y de las generaciones venideras depende de las acciones que emprendamos hoy.
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