LA VOZ DE GOICOECHEA (Por José Miguel Villalobos Umaña, columnista). Hoy algunos celebran que la sacrosanta Sala Constitucional haya anulado el Decreto Ejecutivo número 43.590 del 15 de junio del 2022, en vigencia desde el 1 de diciembre de ese año.
El decreto pretende que se facilite la utilización de medicamentos que tengan registro sanitario en los países miembros de un Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano, que son los siguientes: Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón, México, Brasil, Reino Unido Corea del Sur, Taiwan, China, Arabia Saudita y Turquía. Si el país que registró el producto es mienbro de esa Comisión, se presume que cumple con las condiciones aceptables para poder ser usado en humanos como medicamentos, facilitando el registro en nuestro país.
Con ello se tiene acceso más pronto a este tipo de medicaments, con el propósito de abaratarlos y hacerlos más accesibles al consumidor.
Pero como nunca falta un borracho en una vela, un pequeño sector se sintió afectado por el decreto y alegó que con él se puede dañar la salud pública, porque algunos de esos países no son lo suficientemente serios en sus controles y acciones. Se les olvidó a estos quejosos que, si forman parte de esa Comisión, es porque cumplen con las normas básicas exigibles.
Pero la Sala se dejó llevar por el interés de estos grupos y anuló el decreto, por lo que estamos a la espera de si los Magistrados y sus letrados eliminaron del todo la posibilidad de homologación o decidieron pretorianamente cuáles son los países que les parece, a ojo de buen cubero, que no son confiables para que se homologue el registro en Costa Rica.
Definitivamente, con la PGR como asesor del Gobierno, es mejor no contar con nadie y con los argumentos de la Sala, las cosas se complican.
Pero de pellizco en pellizco se muere el burro y poco a poco se ganan las batallas, con tesón y fuerza de voluntad.
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