El incidente ocurrió cuando el CONARE permitió el ingreso de agresores a su sede, fallando en garantizar la seguridad de altos funcionarios del Gobierno. La intervención oportuna de la Fuerza Pública evitó lo que pudo haber sido una catástrofe.
El Gobierno condena enérgicamente estos actos de violencia, que, según el comunicado, eran de conocimiento de los rectores de las universidades públicas. "Existe una probabilidad razonable de que las autoridades universitarias estuvieran enteradas del peligro que podrían correr los jerarcas a la salida de la reunión, y -aun así- no hicieron nada por evitarlo", se lee en el comunicado.
En vista de este grave incidente, el Gobierno ha anunciado que sus funcionarios no participarán en negociaciones del FEES en ninguna instalación controlada por las universidades públicas. Este acto de violencia es considerado por el Gobierno como una muestra lamentable de irrespeto a los valores democráticos del país.
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