LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Federico Quesada Marín).- Informa el medio crhoy.com que la “Contraloría investiga a ministro del MINAE por presunto incumplimiento de orden”. Lo anterior condujo a que la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), abriese un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO contra el ministro Franz Tattenbach Capra por “Presunto incumplimiento en una orden girada por el órgano contralor. ¿Y qué fue lo que originó esta situación? Prestemos atención.
La CGR le ordenó al ministro “Revisar los decretos ejecutivos que crearon las diferentes comisiones de Setena a efecto de derogar expresamente las estructuras organizacionales que limiten, sustituyan o impidan el ejercicio de las competencias y funciones de la Setena”.
Otra razón que aduce la CGR es la de “Emitir, oficializar y divulgar una orden, instrucción o circular, para que la Setena desarrolle un instrumento para el fortalecimiento de su capacidad organizacional, en el que se analice sus sistemas, políticas, procesos y procedimientos, recursos y examine sus actividades”.
¡¡¡Cómo un país puede operar eficientemente de la forma antes descrita!!! El Poder Legislativo a través de su órgano auxiliar, dirigiendo, ordenando y sancionando -sin tener la competencia para ello- al Poder Ejecutivo en su actividad que le es propia en clara violación a la Constitución.
Esto no es lo que los constituyentes pretendieron para el país, pero que la Contraloría ha interpretado arbitrariamente como parte de su función, sin querer darse cuenta que su accionar viola el principio constitucional de la separación de poderes.
Lo anterior son procedimientos o actos de naturaleza totalmente administrativa del Ejecutivo, nada que ver con el manejo de fondos públicos y de sus controles que sí son de su competencia. Pero no, doña Marta Acosta, máxima autoridad de una entidad subordinada a la Asamblea Legislativa, quiere disfrutar de las mieles de poder, y más si causa problemas al gobierno del Dr. Rodrigo Chaves.
Lo sorprendente es observar como la CGR emplea el tiempo y los recursos siempre escasos en velar por funciones administrativas que no le corresponden -insignificantes si se quiere- mientras se le escapan monstruos como Soresco, las municipalidades, OAS, la Trocha, Ruta 32, etcétera, casos en que se malversaron millones de millones de dólares de los costarricenses. Esta ha sido la triste historia reciente de la Contraloría General de la República y de su Contralora Marta Acosta. Estos han sido sus resultados desastrosos en el tiempo, en lo que sí es su verdadera función de velar por los fondos públicos.
Doña Marta y la Contraloría parecen que se preocupan y concentran en cuidar aspectos administrativos que no les compete y se olvidan de hacerlo con los fondos públicos que sí es su deber y obligación velar por ellos. Dichosos nuestros “cacos” públicos locales que no tienen que preocuparse de quienes les corresponde evitar sus fechorías, pues éstos andan cazando mariposas.
Definitivamente el país necesita reubicar a la Contraloría General de la República y a la Contralora Marta Acosta en sus verdaderos objetivos y a la vez obligarlos a responder por sus desaciertos, evitando la desviación de fondos públicos como lo ha permitido y/o facilitado con su negligencia e ineficiencia y cuyos ejemplos sobran.
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