LA VOZ DE GOICOECHEA (Por EC/Jacinto Bravo).- Según el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, Nicaragua en 20 años se quedará sin bosques.
La situación forestal de Nicaragua es preocupante, señala el estudio, “Análisis de la corrupción en el sector forestal de Nicaragua" del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia.
“Los datos oficiales apuntan a 150,000; sin embargo nosotros calculamos más de 170,000 hectáreas anuales de deforestación al año y al ritmo de la tasa deforestación que han advertido estudios independientes y nosotros hicimos un cálculo de lo que queda del 24% y 1.2% por año se ha ido perdiendo de la cobertura forestal del país. Todavía quedan 24% de la cobertura forestal”, advirtió Ruiz durante la presentación del informe.
Se presentan en el informe hallazgos de corrupción en el sector forestal e identificó a los actores que forman parte del proceso de extracción forestal en el país.
Indica el informe que desde la entrada en el poder del régimen de Daniel Ortega en el año 2007 hasta la actualidad en el año 2024, la concentración del poder ha sido uno de los ámbitos de corrupción.
Ruiz señala que en junio 2006 se estableció la Ley 589 Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, particularmente de las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo, sin embargo un año después de la toma de poder del régimen vía decreto presidencial se eliminó dicha veda.
“El régimen vino decretando o estableciendo decretos para ir anulando una ley que tenía un sentido de protección y conservación (...)el decreto es una decisión presidencial que sustituyó una ley que obedece a un análisis técnico y de conservación”.
Según Ruiz, el proceso sistemático de concentración del poder y de las decisiones políticas ha tenido graves consecuencias en el sector forestal.
“Estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, han sido favorables a los intereses empresariales y comerciales generando aumento en los procesos de deforestación del pino en áreas protegidas y en las partes altas de las cuencas, disminución de la disponibilidad de agua y aumentando la degradación de los bosques naturales, particularmente en la región de Las Segovias y del Caribe Norte del país”.
Actualmente existen al menos 29 normas jurídicas vigentes para el sector forestal, 5 leyes, 10 decretos ejecutivos, 3 decretos presidenciales y al menos 11 resoluciones ministeriales.
Además, el documento señala que hasta 2022, existían 110 industrias forestales en el todo el país, el 30% se encuentran en Nueva Segovia, el 16% en la RACCN, 9% en Estelí, el 8% en la RACCS, 6% en Chontales y el 30% distribuidos en el resto de los departamentos.
En 2022 se entregaron 1007 permisos y el volumen autorizado fue de 98,389 metros cúbicos, el 64% del volumen forestal autorizado procede de Nueva Segovia (38%) y la RACCN (25%).
Los resultados de esta actividad forestal ha generado 41 millones de córdobas en 2022.
Según el ambientalista, las prácticas de corrupción del régimen Ortega-Murillo siguen al más alto nivel dicho modelo ha implicado un círculo de apoyo de la estructura detrás y debajo del poder donde entran el Estado, la familia, el partido y testaferros del círculo de poder más alto.
“La corrupción en el sector forestal ha sido fuertemente permeada por el sistema político, manteniendo la hegemonía de las decisiones políticas por encima de las decisiones técnicas y las demandas legítimas de protección de los sectores sociales y ambientales del país”.
Agrega que inclusive se ha generado “una serie de modificaciones a nivel legislativos para tratar de justificar las acciones corruptas y violatorias al marco legal heredado, lo que se aprecia como parches que tratan de darle validez a las actuaciones y decisiones sobre el sector forestal del país”.
También resalta que el aumento de la entrada de empresas de origen chino a desarrollar procesos de extracción forestal y de extracción de carbono forestal, ha generado un mayor riesgo de corrupción en el proceso concesionario del sector, donde existe poca transparencia y altos niveles de discrecionalidad.
“Ortega apuesta, en el juego geopolítico, a disminuir la dependencia del mercado estadounidense de los bienes y servicios que produce el país, esto trajo consigo no solo la firma de un tratado de libre comercio con China, sino que también facilidades para que la inversión asiática apueste en el país, inclusive a costa de nuestros recursos naturales, como los recursos forestales”.
Sostiene que se requiere el respaldo de la comunidad internacional no sólo para establecer auditorías independientes sobre el manejo de la cooperación al desarrollo, “es decir los fondos que les inyecta, sino la construcción de mecanismos de lucha contra la corrupción que permitan enfrentar esto”, recomendó Ruiz.
La situación forestal de Nicaragua es preocupante, señala el estudio, “Análisis de la corrupción en el sector forestal de Nicaragua" del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia.
“Los datos oficiales apuntan a 150,000; sin embargo nosotros calculamos más de 170,000 hectáreas anuales de deforestación al año y al ritmo de la tasa deforestación que han advertido estudios independientes y nosotros hicimos un cálculo de lo que queda del 24% y 1.2% por año se ha ido perdiendo de la cobertura forestal del país. Todavía quedan 24% de la cobertura forestal”, advirtió Ruiz durante la presentación del informe.
Se presentan en el informe hallazgos de corrupción en el sector forestal e identificó a los actores que forman parte del proceso de extracción forestal en el país.
Indica el informe que desde la entrada en el poder del régimen de Daniel Ortega en el año 2007 hasta la actualidad en el año 2024, la concentración del poder ha sido uno de los ámbitos de corrupción.
Ruiz señala que en junio 2006 se estableció la Ley 589 Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, particularmente de las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo, sin embargo un año después de la toma de poder del régimen vía decreto presidencial se eliminó dicha veda.
“El régimen vino decretando o estableciendo decretos para ir anulando una ley que tenía un sentido de protección y conservación (...)el decreto es una decisión presidencial que sustituyó una ley que obedece a un análisis técnico y de conservación”.
Según Ruiz, el proceso sistemático de concentración del poder y de las decisiones políticas ha tenido graves consecuencias en el sector forestal.
“Estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, han sido favorables a los intereses empresariales y comerciales generando aumento en los procesos de deforestación del pino en áreas protegidas y en las partes altas de las cuencas, disminución de la disponibilidad de agua y aumentando la degradación de los bosques naturales, particularmente en la región de Las Segovias y del Caribe Norte del país”.
Actualmente existen al menos 29 normas jurídicas vigentes para el sector forestal, 5 leyes, 10 decretos ejecutivos, 3 decretos presidenciales y al menos 11 resoluciones ministeriales.
Además, el documento señala que hasta 2022, existían 110 industrias forestales en el todo el país, el 30% se encuentran en Nueva Segovia, el 16% en la RACCN, 9% en Estelí, el 8% en la RACCS, 6% en Chontales y el 30% distribuidos en el resto de los departamentos.
En 2022 se entregaron 1007 permisos y el volumen autorizado fue de 98,389 metros cúbicos, el 64% del volumen forestal autorizado procede de Nueva Segovia (38%) y la RACCN (25%).
Los resultados de esta actividad forestal ha generado 41 millones de córdobas en 2022.
Según el ambientalista, las prácticas de corrupción del régimen Ortega-Murillo siguen al más alto nivel dicho modelo ha implicado un círculo de apoyo de la estructura detrás y debajo del poder donde entran el Estado, la familia, el partido y testaferros del círculo de poder más alto.
“La corrupción en el sector forestal ha sido fuertemente permeada por el sistema político, manteniendo la hegemonía de las decisiones políticas por encima de las decisiones técnicas y las demandas legítimas de protección de los sectores sociales y ambientales del país”.
Agrega que inclusive se ha generado “una serie de modificaciones a nivel legislativos para tratar de justificar las acciones corruptas y violatorias al marco legal heredado, lo que se aprecia como parches que tratan de darle validez a las actuaciones y decisiones sobre el sector forestal del país”.
También resalta que el aumento de la entrada de empresas de origen chino a desarrollar procesos de extracción forestal y de extracción de carbono forestal, ha generado un mayor riesgo de corrupción en el proceso concesionario del sector, donde existe poca transparencia y altos niveles de discrecionalidad.
“Ortega apuesta, en el juego geopolítico, a disminuir la dependencia del mercado estadounidense de los bienes y servicios que produce el país, esto trajo consigo no solo la firma de un tratado de libre comercio con China, sino que también facilidades para que la inversión asiática apueste en el país, inclusive a costa de nuestros recursos naturales, como los recursos forestales”.
Sostiene que se requiere el respaldo de la comunidad internacional no sólo para establecer auditorías independientes sobre el manejo de la cooperación al desarrollo, “es decir los fondos que les inyecta, sino la construcción de mecanismos de lucha contra la corrupción que permitan enfrentar esto”, recomendó Ruiz.
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