LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Equipo editorial).- El presidente Rodrigo Chaves ha lanzado una ambiciosa iniciativa conocida como la “Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional”, que será sometida a referéndum. Este proyecto contempla tres ejes fundamentales: el desarrollo de Ciudad Gobierno, la creación de una Marina y Terminal de Cruceros en Limón, y una reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Cada uno de estos componentes tiene como objetivo acelerar el desarrollo económico y social del país, abordando problemas de infraestructura, empleo y corrupción.
Ciudad Gobierno: Un paso hacia la eficiencia estatal
La primera propuesta busca consolidar varias instituciones gubernamentales en un complejo en Plaza Víquez. Este plan implica la construcción de 3 o 4 torres que albergarán a unas 20 instituciones y 10,000 funcionarios, lo cual generaría un ahorro significativo en alquileres. Actualmente, el gobierno invierte ¢59 mil millones anuales en arrendamientos; el proyecto podría reducir esta cifra a la mitad. La obra sería financiada por el BCIE, con un esquema en el que el Estado recuperaría la propiedad de los edificios tras 30 años de alquiler. Este modelo permitiría una utilización más eficiente de los terrenos públicos, impulsando una gestión estatal más eficaz y menos onerosa para los ciudadanos.
Marina y Terminal de Cruceros para Limón: Un impulso económico y social
La segunda propuesta aborda una de las necesidades más urgentes de la provincia de Limón: la generación de empleo y la lucha contra el narcotráfico. La construcción de una Marina y Terminal de Cruceros, con una inversión de $854 millones, tiene el potencial de crear 23,000 empleos. La obra, que se realizaría a través de una alianza público-privada con Japdeva, enfrenta obstáculos legales que el referéndum busca despejar. Clarificar las competencias de Japdeva permitiría superar los impedimentos actuales y avanzar en la licitación pública necesaria para ejecutar el proyecto. Este desarrollo no solo mejoraría la infraestructura portuaria de la región, sino que también contribuiría significativamente a mitigar los problemas sociales que aquejan a Limón.
Reforma a la ley orgánica de la Contraloría: Fortalecimiento de la fiscalización
El tercer componente del referéndum se centra en fortalecer la Contraloría General, ajustando sus competencias para prevenir futuros escándalos de corrupción como los casos Cochinilla, Diamante, Azteca, Soresco y Diquís. La reforma propone otorgar más competencias al subcontralor y limitar algunas acciones del órgano contralor, con el fin de facilitar la ejecución de proyectos estatales. Estas modificaciones permitirían avanzar con obras cruciales de infraestructura, como la ampliación de la ruta 1 y la carretera a Cartago, sin los atrasos burocráticos que han entorpecido su progreso hasta ahora.
Una visión integral para el desarrollo
El “Referéndum Jaguar” representa una visión integral para el desarrollo nacional, abordando tanto la eficiencia gubernamental como la inversión en infraestructura y la lucha contra la corrupción. La consulta popular será decisiva para determinar el futuro de estas iniciativas. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de evaluar y decidir sobre propuestas que buscan transformar el panorama económico y social del país, posicionando a Costa Rica en un camino de crecimiento y prosperidad sostenibles.
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