LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (CGR) ha recibido una denuncia anónima de un ciudadano del cantón de Goicoechea. La denuncia, que se encuentra actualmente en estudio de admisibilidad, acusa a miembros tanto del Concejo anterior como del actual, así como a la administración municipal, de disponer de fondos públicos sin los fundamentos técnicos y legales necesarios, correspondientes a un superávit que permaneció inactivo por más de 14 años.
La oficina de prensa del Órgano Contralor confirmó la existencia de la denuncia a este medio, pero señaló que no pueden proporcionar más detalles debido a que la denuncia está en la etapa de admisibilidad, por lo que su contenido es confidencial.
El superávit acumulado, según el denunciante, supera los 3 mil millones de colones y ha permanecido sin uso durante 14 años. En la sesión ordinaria 14-2024, celebrada el 10 de abril de 2024, el anterior Concejo Municipal aprobó una moción suscrita por los regidores Carlos Luis Murillo Rodríguez y Xinia Vargas Corrales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carolina Arauz Durán del Partido Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Muñoz Valverde del Partido Todos por Goicoechea (PTG) y William Rodríguez Román del Partido Nueva Generación (PNG). La moción, según el denunciante, fue aprobada sin aportar fundamentos técnicos ni legales.
La moción propone destinar los recursos del superávit a una lista de obras que carecen de estudios previos y ordena a la administración municipal elaborar una modificación presupuestaria para incluir las obras mencionadas. "La lista adjunta a la moción aprobada no aporta estudios técnicos específicos, ni costos de inversión, y mucho menos un acuerdo del órgano colegiado que avale previamente la inversión millonaria. Deja a la administración la responsabilidad de su ejecución", afirma el denunciante en su escrito a la CGR.
Entre los proyectos mencionados, se encuentra una asignación de 300 millones de colones para la escuela Pestalozzi de Purral, sin especificar en qué se invertirá ese dinero, ni plazos para su ejecución, ni si hubo algún convenio con el Ministerio de Educación Pública. Además, se señala que el terreno donde se realizarán las obras no es municipal y que los regidores no han presentado documentación específica ni han justificado el beneficio comunal o el monto necesario para la obra.
El denunciante también destaca la ausencia de criterios técnicos de la Ingeniería Municipal que avalen los proyectos u obras a realizar, lo cual, según él, violenta el principio de transparencia y la normativa del ente contralor.
La situación genera preocupación en la comunidad de Goicoechea, que espera que la CGR realice una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El superávit acumulado, según el denunciante, supera los 3 mil millones de colones y ha permanecido sin uso durante 14 años. En la sesión ordinaria 14-2024, celebrada el 10 de abril de 2024, el anterior Concejo Municipal aprobó una moción suscrita por los regidores Carlos Luis Murillo Rodríguez y Xinia Vargas Corrales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carolina Arauz Durán del Partido Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Muñoz Valverde del Partido Todos por Goicoechea (PTG) y William Rodríguez Román del Partido Nueva Generación (PNG). La moción, según el denunciante, fue aprobada sin aportar fundamentos técnicos ni legales.
La moción propone destinar los recursos del superávit a una lista de obras que carecen de estudios previos y ordena a la administración municipal elaborar una modificación presupuestaria para incluir las obras mencionadas. "La lista adjunta a la moción aprobada no aporta estudios técnicos específicos, ni costos de inversión, y mucho menos un acuerdo del órgano colegiado que avale previamente la inversión millonaria. Deja a la administración la responsabilidad de su ejecución", afirma el denunciante en su escrito a la CGR.
Entre los proyectos mencionados, se encuentra una asignación de 300 millones de colones para la escuela Pestalozzi de Purral, sin especificar en qué se invertirá ese dinero, ni plazos para su ejecución, ni si hubo algún convenio con el Ministerio de Educación Pública. Además, se señala que el terreno donde se realizarán las obras no es municipal y que los regidores no han presentado documentación específica ni han justificado el beneficio comunal o el monto necesario para la obra.
El denunciante también destaca la ausencia de criterios técnicos de la Ingeniería Municipal que avalen los proyectos u obras a realizar, lo cual, según él, violenta el principio de transparencia y la normativa del ente contralor.
La situación genera preocupación en la comunidad de Goicoechea, que espera que la CGR realice una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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