LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Edgar Espinoza, periodista).- Dedico hoy este tema a la defensa de ustedes, como ciudadanos de a pie, y del país como un todo.
En estos días, la oposición política se ha llenado la boca hablando de institucionalidad.
«Que Chaves pone en peligro la institucionalidad del país».
«Que la presentación del referéndum es un insulto a la institucionalidad».
Es decir, se autoerige en redentora de la institucionalidad pública.
Lo que no dicen es que esa institucionalidad que defienden no es la del ciudadano sino la de ellos.
Porque si hemos de entender como parte de esa institucionalidad a la actual Corte Suprema de Justicia, ¿qué es hoy ese poder?
Una Corte Suprema de Privilegios.
Donde los magistrados hacen fiesta con los recursos del pueblo recetándose salarios y pensiones de escándalo, amén de un escabroso presupuesto anual.
A cambio de una justicia pronta y cumplida que brilla por su ausencia en medio de un caos de más de un millón de casos sin resolver.
¿Es esa la institucionalidad que defienden?
¿De qué manera entender a la Asamblea Legislativa como parte también de esa institucionalidad?
Un poder de la república cuyos diputados representan a sus partidos e intereses personales y nunca al pueblo.
Un Poder Legislativo cuyos diputados son elegidos de a bulto y a ciegas sin que el pueblo pueda saber quién es quién porque se atrincheran en un partido.
Un parlamento al que no se llega a hablar ni a decidir sobre las cosas vitales del ciudadano sino a graznar, insultar y haraganear.
¿Es esa la institucionalidad que defienden?
¿Es acaso institucionalidad esa CCSS invadida desde hace años por inescrupulosos que se dedican más a hacer negocios personales, o en pequeñas sociedades, con el dinero de los contribuyentes que a atender las urgencias de estos?
¿Es acaso institucionalidad ese ICE, blanco de los corruptos tradicionales a través de licitaciones manoseadas, negocios de electricidad cuestionables e intentos de privatizarlo?
Es decir, la institucionalidad que la oposición defiende es la que ellos mismos, a lo largo de muchos años, de manera deliberada diseñaron a su imagen y semejanza.
Con un agravante: la concibieron dentro de un marco jurídico «riguroso» que, por supuesto, no aplica para ellos, el bipartidismo, sino para cualquier extraño, como Rodrigo Chaves, que llegue al poder.
Un marco jurídico que se lo han pasado por donde han querido sin que ocurra absolutamente nada, es decir, dentro de la mayor impunidad.
¡Su cereza del pastel!
El inicio de esa institucionalidad viene desde el famoso Estado Benefactor cuando este se empezó a sobrepoblar de instituciones y funcionarios públicos costosísimos e innecesarios.
Institucionalidad concebida, en exclusiva, para el clientelismo político-electoral que garantizara el poder, un periodo sí y otro también, al bipartidismo delirante y diletante.
Luego vino el Estado Empresario a hacer de la institucionalidad su mercancía predilecta, y no mucho después, el Estado Neoliberal a acabar de convertirla en su botín.
Que no se les olvide, amigos lectores: eso se llama «institucionalidad».
La Ley del 4-3 a principios de los 70 fue parte de esa macabra genialidad para politizar las instituciones autónomas y crear en ellas una oligarquía burocrática, plagada de mandos medios, que tienen hoy al ciudadano de rodillas.
La reelección de Oscar Arias en 2006 fue otra divina fantasía de esa institucionalidad para que la Sala Cuarta, en vez del Poder Legislativo, como correspondía, saciara las ansias inconmensurables de poder de aquel.
Es decir, la institucionalidad contra la institucionalidad.
«Paz para mi gente», carajo.
El blindaje que en 2002 les concedieron a las pensiones de lujo para que ni por referéndum pudieran ser eliminadas por el Soberano, fue otro logro de ensueño para la institucionalidad.
De modo que ahora que llega el presidente Rodrigo Chaves a poner sobre rieles la institucionalidad para devolvérsela al ciudadano, o sea, a su único dueño y beneficiario, el Crimen Político Organizado se atraviesa de cuerpo entero para impedírselo.
Con la Contraloría General de la República, como parte exquisita de ese «cartel de los institucionales», sirviendo de gatillera oficial para matar al país.
Apegada «stricto sensu» no a la ley pública sino a la ley bipartidista.
Para matar la esperanza, el desarrollo, la prosperidad y el futuro de más de cinco millones de ciudadanos.
Por lo pronto, vamos a ver ahora qué resuelven la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el referéndum que los ciudadanos se proponen realizar para construir Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina en puerto Limón.
Y, de paso, para darle un «estatequieto» a la institucionalidad contralora para que se circunscriba a las funciones que le corresponde ejecutar sin invadir la soberanía del Poder Ejecutivo en perjuicio del país todo.
¿Volverá el Soberano, ahora de manera directa, a recibir una nueva estocada de parte de la institucionalidad bipartidista?
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