La Ley Marco de Empleo Público es fundamental en la formulación de salarios globales que garantizan una remuneración competitiva y acorde a las condiciones de cada puesto en el sector público. En este contexto, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández Delgado, ha destacado la importancia estratégica del OIJ en el combate a la criminalidad para el país.
El MIDEPLAN ha externado sus argumentos en contra de este proyecto de ley, destacando los siguientes puntos:
El OIJ desempeña un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad nacional, por lo que excluirlo de la Ley Marco de Empleo Público no es adecuado.
El Poder Judicial, al cual pertenece el OIJ, es responsable de aplicar la Ley Marco de Empleo Público en la institución y fijar los salarios globales de acuerdo con las regulaciones establecidas.
Hasta la fecha, el Poder Judicial no ha oficializado los salarios globales de sus funcionarios, incluidos los del OIJ, por lo que afirmar que estos salarios están afectando las contrataciones es incorrecto.
La Ley Marco de Empleo Público proporciona una fórmula para calcular los salarios globales, permitiendo ajustes adicionales para funcionarios del OIJ según los factores propios de sus cargos.
La Ley Marco de Empleo Público ya contempla mecanismos para que los funcionarios del OIJ puedan obtener salarios competitivos sin necesidad de ser excluidos de ella.
Excluir al OIJ de la Ley Marco de Empleo Público podría abrir la puerta a demandas similares de otros grupos y generar diferencias injustas dentro del Poder Judicial.
La Ley Marco de Empleo Público establece la publicación anual de una Política de Remuneraciones, que el Poder Judicial puede utilizar para ajustar los salarios de sus funcionarios.
El Poder Judicial tiene la facultad de realizar revisiones salariales para asegurar la competitividad de sus salarios y ajustar las fórmulas de cálculo según sea necesario.
Hay formas de implementar el salario global de manera ordenada para los funcionarios del OIJ que actualmente reciben pluses salariales.
Los funcionarios que reciben pluses pueden seguir haciéndolo siempre que sus salarios no excedan los establecidos como salarios globales.
La Ley Marco de Empleo Público busca resolver disparidades salariales en el sector público y controlar el gasto en remuneraciones de manera responsable.
La creación de pluses salariales está sujeta a la aprobación legislativa, lo que evita un crecimiento descontrolado del gasto público.
El proyecto de ley otorgaría al Poder Judicial la facultad de crear o aumentar pluses salariales sin pasar por la Asamblea Legislativa, lo que representa un retroceso en el manejo responsable de las finanzas públicas.
No existen techos salariales que afecten al Poder Judicial o al OIJ, aparte del establecido para el salario del presidente de la República.
Los argumentos presentados en el proyecto de ley, como la supuesta disparidad salarial entre el sector público y privado, son incorrectos según estudios de mercado.
La exposición de motivos del proyecto contiene información errónea sobre el goce de dedicación exclusiva y los contratos a plazo.
Un estudio realizado a funcionarios del Poder Judicial muestra que la remuneración no es una de las principales razones para dejar de trabajar en la institución.
La estabilidad laboral en el sector público es significativamente mayor que en el sector privado, lo que compensa la posible diferencia salarial.
El Poder Judicial puede fortalecer la carrera judicial y las remuneraciones sin necesidad de reformar la ley.
Es importante destacar que MIDEPLAN no ha sido consultado formalmente sobre este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, pero la ministra de Planificación Nacional y Política Económica ha enviado una solicitud de audiencia para discutir los aspectos técnicos del mismo.
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