El tribunal destacó que si la CEA tuviera que cumplir con estos mandatos, violarían sus creencias religiosas sinceras, protegidas por la Primera Enmienda y la Ley de Libertad Religiosa, lo que resultaría en un ejercicio inadmisible.
Esto significaría que los cirujanos con objeciones religiosas tendrían que realizar procedimientos como castración o mastectomías dobles electivas, lo que iría en contra de sus creencias.
«La creencia religiosa sinceramente sostenida por la CEA es que el hombre y la mujer son realidades inmutables definidas por el sexo biológico y que la reasignación de género es contraria a los valores cristianos», se lee en la orden.
“Como resultado, realizar o brindar cobertura de atención médica para servicios de transición de género según los mandatos de cobertura de la EEOC y el HHS incide en las creencias de la CEA. La CEA debe cumplir con los mandatos de la EEOC y el HHS violando sus creencias religiosas sinceras o enfrentar duras consecuencias como pagar multas y enfrentar responsabilidad civil”, añadió.
El bufete de abogados conservador Alliance Defending Freedom celebró la orden que protege la libertad religiosa en relación con la atención médica para pacientes transgénero.
Consideraron que los demandados no hicieron más que identificar un interés general para justificar los mandatos del gobierno, y que los empleadores tienen el derecho constitucional de operar de acuerdo con sus creencias religiosas.
En 2016, la administración Obama promulgó una norma final que ampliaba la prohibición de discriminación en la atención médica basada en el sexo para incluir la orientación sexual y la identidad de género, en cumplimiento de la Sección 1557 de la Ley de Atención Médica Asequible.
Sin embargo, esta norma fue impugnada por varios estados y grupos religiosos, y finalmente fue derogada por la administración Trump en 2018.
Bajo la administración Biden, la EEOC y el HHS retomaron la interpretación del sexo de la época de Obama para incluir la orientación sexual y la identidad de género, citando la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Bostock v. Condado de Clayton de 2020, en la que se dictaminó que el Título VII protege contra la discriminación laboral por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Esta medida fue cuestionada por grupos religiosos como CEA en octubre de 2021, argumentando que va en contra de sus creencias.
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