LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- A partir de este 1 de marzo marca el inicio de una batalla en las playas costarricenses, donde 87 instructores de surf se unen en un movimiento enérgico en contra del empleo ilegal de extranjeros que operan sin permisos en el país. Esta iniciativa, liderada por instructores locales, nacionalizados y residentes legales, surge como respuesta a la presencia creciente de foráneos indocumentados que se dedican a enseñar surf, desplazando a los profesionales locales y afectando gravemente el tejido económico de las comunidades costeras.
El punto de ignición para esta acción fue la denuncia presentada por un grupo de instructores de Playa Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Municipalidad local y la Dirección General de Migración Extranjería (DGME). Estos instructores, consternados por la competencia desleal, evidenciaron cómo extranjeros que ingresan al país como turistas prolongan su estadía para ejercer la enseñanza del surf de manera ilegal, sin los permisos correspondientes ni el cumplimiento de las regulaciones laborales costarricenses.
La situación, que se ha replicado en diversas playas del país, ha generado una alarma entre las comunidades de surfistas y profesionales del sector. Ante esta crisis, se ha formado una alianza nacional que aglutina a representantes de numerosas playas, desde Tamarindo hasta Pavones, abarcando una red de casi 90 profesionales del surf. Estas comunidades, cuya economía depende en gran medida del turismo y las actividades relacionadas con el surf, se han visto afectadas por la competencia desleal y la caída de los precios debido a la presencia de instructores ilegales.
Costa Rica, reconocida mundialmente por la belleza de sus playas y la calidad de sus olas, enfrenta ahora un desafío en la preservación de su identidad y la protección de sus trabajadores locales. La práctica del surf, que ha atraído a turistas de todas partes del mundo, no debe ser aprovechada por extranjeros que operan al margen de la ley, socavando los estándares laborales y económicos establecidos.
La lucha contra el empleo ilegal de extranjeros en la enseñanza del surf es una batalla por la justicia laboral y la protección de las comunidades costarricenses. Los instructores locales, respaldados por una red nacional, están decididos a hacer valer sus derechos y preservar la integridad de su profesión y su industria. Esta iniciativa es un llamado a la acción, no solo para las autoridades competentes, sino también para toda la comunidad costarricense y los amantes del surf, en defensa de un empleo digno y justo para todos.
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