LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- Una preocupante realidad se ha revelado a través de la reciente Encuesta Nacional de Endeudamiento: un total de 221.000 costarricenses han recurrido al préstamo "gota a gota", una modalidad considerada tanto informal como peligrosa. Este tipo de crédito, suscrito entre privados y sin regulaciones, ha puesto en riesgo la estabilidad financiera e incluso la vida de los deudores.
Realizada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) durante los meses de septiembre y octubre de 2023, la encuesta abarcó a 1.200 personas entre 18 y 65 años en diversas regiones del país, representando aproximadamente 3.3 millones de individuos.
Según los resultados, un 7.4% de la población ha optado por estos préstamos, de los cuales un 5.5% (equivalente a 181.500 personas) ha enfrentado amenazas por parte de los prestamistas para cumplir con las altas cuotas impuestas. Asimismo, un 4.4% reportó haber presentado denuncias por esta razón.
La OCF calcula que, si cada uno de estos costarricenses solicitó un préstamo promedio de ¢200.000, se habrían otorgado un total de ¢44.000 millones a través de esta modalidad. Esto destaca la magnitud del problema que representa el préstamo "gota a gota" en el país.
Danilo Montero, director general de la OCF, señaló la importancia de abordar esta problemática mediante políticas públicas que brinden soluciones financieras dentro del marco legal, en un esfuerzo por proteger a quienes recurren a estos préstamos.
En este contexto, un proyecto de ley en trámite en la Asamblea Legislativa busca imponer penas más severas, incluyendo hasta 10 años de prisión, para aquellos que otorguen préstamos a tasas de interés excesivamente altas y en condiciones financieras opresivas. Además, se prevén sanciones más duras para las organizaciones dedicadas a este tipo de actividad.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha advertido sobre el creciente número de denuncias por extorsiones y amenazas relacionadas con este tipo de préstamos, destacando su vínculo con el crimen organizado y la inseguridad. Es crucial abordar esta problemática de manera urgente para proteger a los ciudadanos y garantizar un sistema financiero más justo y seguro.
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