LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Lic. Bernal Monge Pacheco).- Al acercarse las elecciones en febrero del 2024, los costarricenses debemos analizar muy bien para determinar a quien elegimos alcalde o alcaldesa del respectivo cantón, la cual debe ser una persona honesta, transparente, con visión de futuro, comprometida con la laboral comunal, que no esté involucrada con actos de corrupción, que llegue a servir y no a servirse del puesto como plataforma para ocupar otros puestos públicos.
Se debe tener claro que las municipalidades, son el motor para el desarrollo local, si cumplen adecuadamente su función, como la Municipalidad de Belén en Heredia. Deben tener una visión clara del cantón al que van a servir, pero una visión país.
Mideplan define visión país: “Todos los costarricenses tenemos, de forma intuitiva una visión del futuro de nuestro propio país; el país que queremos. Fácilmente podemos acordarnos sobre los rasgos básicos de esa visión de futuro, que en gran medida recoge y extrapola lo mejor de nuestras tradiciones y de nuestra identidad.
Queremos una Costa Rica que disminuya brechas superando la pobreza, queremos un país donde los sectores desvalidos y desprotegidos (discapacitados, adultos mayores, indígenas, mujeres, menores y jóvenes) estén plenamente integrados al proceso de bienestar. Sólo atendiendo primero las necesidades de los desvalidos, podrá la sociedad costarricense como un todo, mejorar su calidad de vida y bienestar. Esa es la Costa Rica que queremos”.
Es fundamental que se logre un accionar de las municipalidades que firmen convenios con otras municipalidades para mejorar el accionar del sector municipal. Así como colaborar con otras entidades como colaboran las policías municipales de San José y Escazú con algunos operativos policiales.
Es necesario también que los alcaldes que se elijan conozcan bien el accionar municipal y reciban una buena capacitación a efecto de que tengan presente disposiciones como el Artículo 180 de la Constitución Política que establece que el presupuesto es el marco de acción, y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública que considera el principio de legalidad, es decir en el sector público solo se puede realizar lo que el marco legal permite.
Se deben abocar a enfrentar serios problemas que afectan el accionar de las municipalidades como los altos pendientes de cobro, prestación de servicios en forma deficiente, la poca capacidad para ejecutar obrar y el no lograr la adecuada articulación ente los programas de los señores alcaldes, los planes de largo plazo, el plan de desarrollo municipal y el plan anual operativo así como con el presupuesto como expresión financiera de esos planes, deficiente planificación municipal que no está orientada a los resultados, debido entre aspectos otros aspectos a la ausencia de planes de desarrollo y la formulación e implementación de planes operativos sin ajustarse a los requerimientos legales y técnicos establecido.
La ausencia de sistemas de información o deficientes sistemas, limita los controles internos, dejando más vulnerable a la municipalidad en cuanto a la corrupción y deficiencias de los gobiernos locales en la gestión de recursos destinados a la Red Vial Cantonal.
Por eso es fundamental que analicemos la trayectoria, tanto en el sector público como en el privado, de los candidatos y candidatas, para ver si su actuar ha sido apegado a principios éticos y morales. Es fundamental que analicemos estos y otros aspectos como los programas que proponen los distintos candidatos y candidatas a alcalde, su sustento económico y la viabilidad de su realización.
Se debe revisar si hay el adecuado enlace con el Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo, analizar cuestiones como la consistencia y viabilidad, para que los costarricenses hagamos un voto a conciencia, pensando en los mejores intereses de Costa Rica y no un voto por tradición o un voto a ganar.
El primer desafío que se debe enfrentar es moral y ético, al escoger los alcaldes o alcaldesas en vista de que, actualmente hay 10 alcaldes que afrontan graves cargos por casos de corrupción, y algunos casos ya se dictado sentencia condenatoria.
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