Uno de los hallazgos más significativos del informe es la identificación de al menos dos estructuras paralelas de financiamiento en la campaña del actual presidente de la República. Según los legisladores, estas estructuras operaron de manera independiente y financiaron tanto la candidatura de Rodrigo Chaves como las diputaciones del Partido Progreso Social-Democrático.
Aspectos Clave del Informe:
1. Video Llamado "Salto al Vacío":
Moisés Fachler pagó 9.875 dólares a la sociedad Dream Team S.A. para la producción de un video, pero según testimonios, se utilizó para el video "Salto al Vacío".
El Tribunal Supremo de Elecciones lo calificó como propaganda política electoral no reportada, generando contradicciones entre testigos.
Se destaca la necesidad de que el TSE investigue la no declaración del video como donación en especie.
2. Fideicomiso Costa Rica Próspera y Estructuras Paralelas:
Sofía Agüero recibió $195,816.27 de Jack Loeb Casanova para gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático.
Se identificaron al menos dos estructuras paralelas que financiaron la campaña de Rodrigo Chaves y las candidaturas del Partido Progreso Social-Democrático.
El fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por ATA Trust Company S.A. y presidido por Arnoldo André Tinoco, fue utilizado para recibir fondos y pagar gastos de campaña.
Rodrigo Chaves fue señalado como actor intelectual en la utilización ilegal del fideicomiso, y se sugiere una investigación exhaustiva.
3. Centros Físicos no Reportados:
Se afirma que la campaña de Chaves utilizó centros físicos no reportados ante el TSE, señalando posibles irregularidades.
Recomendaciones de la Comisión:
Tramitar iniciativas de ley para fiscalizar el financiamiento de partidos políticos, especialmente en el contexto de transferencias de fondos de extranjeros a ciudadanos costarricenses para eludir la ley.
Dictaminar y priorizar leyes que cierren brechas legales y prácticas delictivas.
Remitir actas certificadas al TSE y al Ministerio Público para iniciar investigaciones.
Crear normativas que prohíban el uso de ciudadanos costarricenses como testaferros extranjeros en asuntos políticos.
Regular o prohibir la cesión de bonos electorales a cambio de bienes, servicios o créditos que eludan los controles de donación.
Solicitar al Ministerio Público el levantamiento del secreto bancario de diversas personas involucradas en el financiamiento de la campaña.
En última instancia, los legisladores también instan al Ministerio Público a investigar posibles fraudes de ley, como el préstamo otorgado por Hacienda Solimar S.A. a Nueva República. Este informe pone de manifiesto la necesidad de abordar las posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de fiscalización en el financiamiento político en Costa Rica.
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