En un sistema presidencialista como el nuestro, el presidente es la voz y la voluntad del pueblo, elegido mediante un proceso electoral que refleja la decisión de la mayoría. El actual presidente Rodrigo Chaves Robles asumió el cargo con el respaldo del 53% de los votantes, más de un millón de costarricenses que depositaron su confianza en él. La legitimidad de su mandato se basa en el compromiso de combatir la corrupción, fortalecer las instituciones y cambiar el rumbo del país.
Sin embargo, la Contralora, en lugar de facilitar y agilizar los procesos institucionales, ha optado por obstaculizar el cumplimiento de las promesas hechas al Soberano. Su resistencia a la instalación de escáneres en puntos fronterizos estratégicos para combatir el narcotráfico revela una falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de la sociedad.
Es sorprendente que una entidad de segundo nivel, subordinada a la Asamblea Legislativa, se erija en obstáculo para decisiones que buscan el bien común. La Contralora, al poner condiciones al presidente para una simple reunión de coordinación, demuestra una arrogancia que ignora la voluntad del Soberano y roza peligrosamente con un golpe de Estado blando.
La resistencia de la Contralora abarca diversos aspectos, desde la implementación de tecnologías clave hasta la oposición a iniciativas destinadas a combatir la corrupción y a mejorar la eficiencia administrativa. Su actitud se opone directamente a la demanda del Soberano, reflejada en el voto mayoritario que respalda las políticas de Chaves.
Es inquietante observar el respaldo de "célebres personalidades femeninas" a la Contralora, especialmente cuando se detecta un trasfondo político en esta muestra de apoyo. Este respaldo parece formar parte de una estrategia de la oposición política para socavar la rendición de cuentas y desviar la atención de la opinión pública.
La Contralora debe recordar que su posición no es un reflejo directo de la voluntad del Soberano, sino más bien un resultado de intereses políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Su actuación, junto con la respuesta de los medios afectados por recortes publicitarios, debilita la confianza del Soberano en el proceso democrático.
Es esencial que la Contralora responda al llamado del presidente para discutir sus objeciones y razones para oponerse a medidas cruciales para el país. La democracia depende de la colaboración y la armonía entre todas las instituciones, y es responsabilidad de cada actor respetar y acatar la voluntad del Soberano expresada en las urnas.
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