Director del OIJ aboga por un control riguroso de motocicletas para mitigar los homicidios


LA VOZ DE GOICOECHEA
(Por Isaí Jara, periodista).- 
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, ha hecho un enérgico llamado a implementar medidas más estrictas de control sobre el uso de motocicletas como parte fundamental para contrarrestar el alarmante incremento de homicidios en Costa Rica. Zúñiga expresó su preocupación ante el inquietante aumento del 81% en el empleo de este vehículo para perpetrar asesinatos, representando un llamado de atención crucial para la sociedad.

Según las estadísticas del OIJ, de los 907 homicidios registrados en el 2023, al menos 192 fueron cometidos por sicarios que huyeron del lugar del crimen a bordo de motocicletas. Este incremento dramático, pasando de 106 homicidios en el 2022 a 192 en el 2023, refleja un cambio abrupto y significativo que demanda acciones inmediatas para abordar esta preocupante tendencia.

"Este aumento en el uso de motocicletas como medio para cometer homicidios es sumamente significativo. No estamos hablando de un cambio leve, sino de un incremento alarmante. El impacto social de estas circunstancias exige una respuesta. Si no se implementan medidas, los índices continuarán en ascenso", señaló Zúñiga.

El gobierno previo, liderado por Rodrigo Chaves, había propuesto la obligatoriedad de portar el número de placa en el chaleco y casco de los motociclistas como una medida de control, pero dicha iniciativa no logró avanzar en su implementación.

Además, el año 2023 se posicionó como el más violento en la historia de Costa Rica, con un total de 907 homicidios. Esta escalada en la violencia, acompañada por el notable aumento de homicidios ligados al uso de motocicletas, insta a la adopción de medidas efectivas y urgentes para revertir esta tendencia.

La solicitud del director del OIJ resalta la necesidad de una intervención gubernamental integral para regular y supervisar el uso de motocicletas, enfocándose en estrategias que no solo prevengan la impunidad de los perpetradores, sino que también contribuyan a la seguridad ciudadana y la disminución de la violencia en Costa Rica.

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