LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La reciente decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de implementar un plan piloto de voto electrónico en 25 cantones durante las Elecciones Municipales 2024 ha generado tanto expectación como cuestionamientos fundamentales. El anuncio oficial, realizado el 21 de diciembre, reveló que esta medida se aplicará en 499 juntas receptoras, aproximadamente el 10% de las mesas electorales del país, distribuidas en lugares como Alajuelita, Curridabat, Escazú, Montes de Oca, Coronado, Mora, Moravia, Grecia, Oreamuno, San Pablo, Liberia, Santa Cruz, entre otros.
La elección de estos cantones ha despertado ciertas suspicacias, ya que el 60% de ellos no están liderados por alcaldes pertenecientes al Partido Liberación Nacional (PLN). La justificación brindada por el TSE radica en el alto porcentaje de participación registrado en estos lugares durante las elecciones municipales pasadas, en concreto, en 2016 y 2020.
Según el director general del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, esta modalidad busca garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad de los votantes, al tiempo que se enfrenta al desafío de un creciente padrón electoral, superando los 3,5 millones de personas inscritas, con 161 partidos políticos registrados para los comicios de 2024.
No obstante, la adopción del voto electrónico plantea diversas interrogantes de peso. Se han citado beneficios como la gestión directa del voto por parte del elector, la mínima capacitación necesaria, la alta precisión y rapidez en los resultados, así como un respaldo automático del sistema. Sin embargo, estas ventajas contrastan con la falta de consenso respecto a la oportunidad, necesidad y conveniencia de emplear la informática en el ejercicio del voto.
Es imperativo cuestionar si la automatización resulta verdaderamente menos costosa desde el punto de vista económico en la organización de los procesos electorales y en qué plazo se evidenciarían estos beneficios. Además, ¿garantiza una mayor participación electoral? ¿Contribuye a generar confianza en el proceso electoral?
El aspecto del tiempo en la entrega de resultados debe ser evaluado minuciosamente: ¿realmente esta rapidez es crucial para la ciudadanía o responde más a intereses mediáticos? Y crucialmente, ¿quién asume la responsabilidad en caso de fallas tecnológicas que puedan afectar la veracidad del proceso electoral o la credibilidad del organismo electoral? ¿Qué garantías se establecerán para tales eventualidades?
Las dudas no cesan: ¿existe un plan de contingencia sólido en caso de fallos del sistema previsto originalmente? ¿Y cuál será el impacto de estos problemas en el resultado final de las elecciones?
El debate en torno al voto electrónico está lejos de concluir. A pesar de las distintas visiones sobre su utilidad, queda claro que se requiere un análisis exhaustivo de sus implicaciones, riesgos y salvaguardias para asegurar la integridad y la confianza en nuestro sistema democrático.
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