LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Welmer Ramos González, economista).- El panorama fiscal de Costa Rica se torna cada vez más inquietante, con síntomas evidentes de agotamiento en la estrategia implementada hasta ahora. Las leyes 9635 y 10.159, producto de la administración anterior, han mostrado sus limitaciones, generando consecuencias sociales y humanas preocupantes y amenazando la paz social y la estabilidad democrática. Es esencial replantear y reorientar nuestro enfoque hacia un sistema fiscal más equitativo y sostenible.
Problemas actuales
Declinación de ingresos: Los ingresos totales han disminuido y el sistema tributario muestra signos de regresividad, lo que agrava las desigualdades.
Restricción del gasto: La restricción del gasto público ha afectado la calidad de los servicios esenciales, erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales.
Inequidad en la inversión: La falta de inversión en sectores clave como educación, salud e infraestructura ha creado desequilibrios y limitado el desarrollo económico.
Aumento de deuda e intereses: La deuda externa sigue creciendo, poniendo presión adicional sobre el gasto público y limitando la capacidad de inversión.
Fracaso en la inversión extranjera: Aunque se ha atraído inversión extranjera, los beneficios para el país son limitados, lo que indica la necesidad de una revisión en las políticas de inversión.
Propuestas para una solución integral
Negociación de deuda: Se debe considerar la renegociación de la deuda interna y externa para reducir la carga de los intereses y liberar recursos para inversiones productivas.
Reforma tributaria progresiva: Implementar una reforma tributaria progresiva que aumente la carga sobre los ingresos altos y grandes patrimonios, mientras se combate eficazmente el fraude fiscal.
Inversión pública: Fomentar programas de inversión pública para crear empleos, mejorar la infraestructura y fortalecer los encadenamientos productivos, con especial atención a regiones marginadas.
Equidad en Inversión Extranjera: Establecer políticas que equilibren la inversión extranjera, asegurando beneficios reales para el país y evitando la fuga de capitales.
Utilización de fondos de pensiones: Examinar opciones para utilizar los fondos de pensiones en inversiones públicas, garantizando rentabilidad y seguridad para los fondos y financiamiento para el desarrollo.
Diálogo social y político: Facilitar mesas de diálogo con representantes de diversos sectores para crear un programa fiscal coherente y justo, promoviendo el empleo y un desarrollo sostenible.
Es imperativo que el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para replantear el rumbo fiscal de Costa Rica. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo, podemos construir un futuro económico y social más equitativo y próspero para todos los ciudadanos. La urgencia de esta reforma no solo radica en los números, sino en el bienestar y la estabilidad de nuestra nación. Costa Rica merece un sistema fiscal que promueva la igualdad, la justicia social y un desarrollo sostenible para todos.
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