Siete proyectos de seguridad listos para debate en el Plenario según convocatoria gubernamental

LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El Gobierno ha lanzado una nueva convocatoria para sesiones extraordinarias, presentando un conjunto de 22 propuestas en el ámbito de la seguridad, de las cuales siete expedientes están listos para ser discutidos en el Plenario.

Estos siete proyectos, que ya se encuentran en una etapa avanzada, guardan la oportunidad de ser sometidos a debate y votación, lo que podría desencadenar soluciones significativas en diversos temas. Además, esta situación permitiría a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico focalizarse en otros asuntos pendientes.

Los expedientes que estarían listos para ser debatidos en el Plenario son los siguientes:

23.519. Ley para revocar o modificar el beneficio de la libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio
23.737. Reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional
21.643. Ley de creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial
22.834. Reforma a la Ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
23.292 Ley de Ciberseguridad de Costa Rica
23.746 Ley para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad
22.55.2 Ley de reforma al artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para disminuir la impunidad por actividades delictivas relacionadas con el giro irregular de empresas offshore y otros ilícitos graves.

Estas propuestas abordan diversos aspectos cruciales en materia de seguridad, desde la revocación de beneficios en el sistema penitenciario hasta la ciberseguridad y la prevención de la impunidad en el sistema judicial.

Se espera que, una vez debatidos en el Plenario, estos proyectos puedan contribuir significativamente a fortalecer el entramado de seguridad del país y afrontar los desafíos presentes en distintos ámbitos del sistema judicial y penal.

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