LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- En el marco de la presentación de la Política Pública de Seguridad en Guápiles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, hizo hincapié este miércoles en la génesis de modificaciones legales que favorecen a los delincuentes, señalando su origen durante la administración de Figueres Olsen.
Chaves expresó su preocupación por lo que percibe como un sistema judicial enfocado en salvar los derechos de los criminales, mientras, a su juicio, se descuida la protección de las víctimas y de aquellos potencialmente susceptibles de serlo.
"Es imperativo que Costa Rica no continúe con sentencias laxas en la esperanza de rehabilitar a individuos que ya han abandonado nuestra convivencia social. Este sesgo garantista debe desaparecer, y desde el gobierno, no podemos permitirlo", enfatizó el mandatario.
El presidente remarcó que estas tendencias se remontan a decisiones tomadas durante la Administración Figueres Olsen hace 25 años, cuando se reformó el Código Procesal Penal en el Congreso y fue ratificado por el Ejecutivo, estableciendo, según Chaves, una obligación del país de priorizar los derechos. de los delincuentes sobre los de los ciudadanos de bien y la paz nacional.
"Es momento de hablar con franqueza sobre lo que está ocurriendo en nuestra nación. Un ejemplo claro de esta postura garantista, de esta visión a favor de los criminales, es la reciente desconvocatoria que ordené para el proyecto de ley de personas peligrosas para la sociedad. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea indicó que era contrario a la visión implícita en el derecho penal costarricense desde hace 25 años”, explicó.
Chaves agregó con indignación: "¿Cómo es posible que se propusiera archivar algo tan necesario? El Gobierno ha presentado su mejor esfuerzo al proponer leyes para combatir el crimen organizado y neutralizar a las bandas de narcotraficantes que siembran muerte y violencia en nuestro país".
El presidente recordó las iniciativas legislativas que buscan apartar de las calles a los individuos más peligrosos para la sociedad, aumentar las sanciones por portación ilegal de armas, mejorar el sistema penitenciario y ampliar la capacidad de intervención en comunicaciones en casos de homicidio.
"Sin embargo, nos encontramos con la resistencia de diputados que han rechazado o archivado estas propuestas sin ofrecer razones concretas. Simplemente, afirman que no sirven para nada, sin explicarnos por qué", lamentó Chaves.
El presidente concluyó subrayando que la limitación para actuar proviene de leyes consideradas ineficaces y de una garantía jurídica que, según él, ha permitido que un grupo minoritario perjudique a la sociedad costarricense.
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