LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- La reciente disposición de la Contraloría General de la República, a cargo de Marta Acosta, instando a varias entidades públicas a rescindir sus contratos de publicidad con el SINART, no solo contradice la legislación vigente, sino que impacta severamente las ya precarias finanzas del Sistema Nacional. de Radio y Televisión.
El artículo 19 de la Ley del SINART resulta fundamental para comprender el modo en que se nutre financieramente el sistema público de comunicación social. Según explicó el presidente ejecutivo del SINART, Fernando Sandí, todas las gestiones de contratación se llevaron a cabo siguiendo las normativas y procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, se está evaluando minuciosamente la orden emitida por la Contraloría el pasado 20 de noviembre, con la intención de presentar recursos de revocatoria conforme al marco jurídico aplicable.
Sandí se enfatizó en el propósito asignado por el legislador hace dos décadas al crear la agencia de publicidad del Sistema. Durante aquel debate, se debatió la conveniencia de que las instituciones públicas asignaran al SINART al menos el 10% de su inversión en comunicación, tal como lo estipula la Ley.
"Este es un gran avance para consolidar un sistema público, costarricense y patrimonio de todos", expresó el entonces diputado Rodrigo Alberto Carazo, subrayando la importancia de esta asignación presupuestaria al SINART.
El presidente del SINART hizo hincapié en que la normativa establezca claramente el fin y el deber legal de Pautar en el SINART como una vía legítima de financiamiento, cuyo cumplimiento es obligatorio. Por tanto, rechaza las interpretaciones divergentes que la Contraloría General de la República ha planteado.
"Esperamos establecer un diálogo con la Contraloría para abordar esta situación. Lo que está en juego es la continuidad del SINART", concluyó Sandí, enfatizando la relevancia de preservar la existencia y funcionalidad del sistema en cuestión.
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