LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista).- El reconocido abogado constitucionalista, Fernando Zamora, ha alzado la voz en una fuerte denuncia sobre la influencia de la agenda internacional en los procesos legislativos de Costa Rica. A través de sus redes sociales, Zamora reveló que los informes oficiales del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa están siendo condicionados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Estos informes, cruciales para la calificación previa de los proyectos de ley, ahora incorporan un nuevo elemento de evaluación: "Vinculación con los objetivos de la Agenda 2030". Según Zamora, este enfoque implica que la administración técnica de la Asamblea está juzgando las iniciativas legislativas en función de su conformidad con la mencionada agenda internacional, una declaración de intenciones adoptada por la ONU en 2015.
Fernando Zamora considera esta práctica inaceptable y, sobre todo, inconstitucional. Para él, condicionar la potestad legislativa otorgada por el pueblo costarricense a los diputados y subordinar las leyes a una agenda redactada por un organismo externo al país es una violación de los principios fundamentales de la democracia. En sus palabras, los diputados deben rendir cuentas al pueblo, a la Constitución y a los tratados aprobados debidamente, no a una agenda impuesta desde el exterior.
El constitucionalista enfatiza que los informes técnicos que condicionan las decisiones de los diputados en función de su alineación con la Agenda 2030 deben considerarse nulos y sin valor. Además, señala que la presencia de estos informes en los expedientes legislativos está corrompiendo los procedimientos legislativos y socavando la independencia del poder legislativo costarricense.
Zamora también criticó el creciente intervencionismo de las organizaciones internacionales en las instituciones del país y expresó su preocupación por la rápida penetración de estas agendas foráneas en la toma de decisiones locales.
Este llamado de atención por parte de Fernando Zamora ha generado un intenso debate en la sociedad costarricense sobre la importancia de preservar la autonomía legislativa y proteger los principios democráticos que fundamentan el sistema político del país. La Asamblea Legislativa se encuentra ahora en el centro de la discusión, con ciudadanos y expertos exigiendo transparencia y claridad en el proceso legislativo, alejándolo de influencias externas que podrían comprometer la soberanía nacional.
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