LA VOZ DE GOICOECHEA (Por José Rolando Madrigal Corrales*).- Los gobiernos locales, por ley, tienen la responsabilidad de velar por los intereses de sus comunidades, entre los cuales destaca el procurar el mejor nivel de vida de sus habitantes, por lo que las municipalidades no solo están obligadas a prestar, de forma eficaz y eficiente, sus servicios públicos, sino que también tienen que velar por la economía local, la competitividad del cantón y obviamente por la seguridad ciudadana en este mismo.
Desde 1990 tuve la oportunidad de laborar en la Municipalidad de San José, lo cual me permitió observar el nacimiento de la primera Policía Municipal y que contó, en su momento, con financiamiento del sector privado de comercios del centro de la ciudad.
El esfuerzo anterior ha sido financiado históricamente por el gobierno local de San José con los recursos de impuestos sobre la actividad comercial (patentes), del impuesto sobre bienes inmuebles y, en menor medida, impuestos como el de construcción.
A partir de la emisión de la “Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal”, N° 9542, de abril de 2018, que declara el servicio de Policía Municipal como un servicio público y no como un gasto general de la administración (art.64 Código Municipal), el ente contralor ha aprobado la tasa de policía a la única municipalidad que la cobra.
Como director financiero y tributario en la Municipalidad de Santa Ana, se tomó la decisión de aprobar e incorporar al presupuesto los recursos de la nueva tasa de Policía Municipal. Esta decisión permitió liberar, en su momento, casi ¢700 millones de impuestos como Patentes y Bienes Inmuebles para ser aplicados en otras necesidades de la comunidad.
En estos últimos dos años, algunos jefes de Policía Municipal interesados en implementar la tasa de policía municipal han tenido la objeción de que estamos en un año político y que establecer este tipo de “nuevo impuesto” podría afectar las condiciones de reelección de algunos(as) alcaldes(-esas) actuales.
Sí, así como lo leen. Ha privado el interés personal ante el interés público, se ha creído que es mejor que siga la masacre en nuestros barrios que hablarle abiertamente y sin tapujos a los ciudadanos en el sentido de que, para mejorar nuestra calidad de vida, el servicio de Policía Municipal debe ser sostenible y eso es solo posible con la aplicación de la tasa de ese servicio en cada cantón del territorio costarricense. Cálculo político y nada más.
Ahora que estamos en plena campaña electoral, sería recomendable que todos los candidatos a las alcaldías se pronuncien sobre este tema y digan claramente si aprobarían establecer la tasa de policía o no, así los contribuyentes sabrían a qué atenerse.
*Profesor universitario
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