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LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Sadniv Solrac).- Dos profesores cristianos que se rehusaron a cumplir con la política de confidencialidad de una escuela, la cual les exigía ocultar la confusión de género de los alumnos a los padres, han obtenido un fallo a favor por parte de un juez federal.
El juez de distrito Roger Benítez emitió una orden judicial preliminar para brindar protección a estos profesores de secundaria que desafiaron la política del Distrito Escolar Unificado Escondido (USD) del condado de San Diego. Los profesores argumentaron que dicha política infringía sus derechos de libertad de expresión y libre ejercicio de la religión según lo establecido en la Primera Enmienda, y que incumplirla y ser deshonestos con los padres iría en contra de sus creencias religiosas genuinas.
A pesar de que el juez Benítez emitió una orden judicial que únicamente impide temporalmente la implementación de la política, expresó en sus palabras que esta política pareciera debilitar los derechos constitucionales, describiéndola como una combinación de tres daños significativos.
«Perjudica al niño que necesita orientación parental y posiblemente intervención de salud mental para determinar si la incongruencia es orgánica o si es el resultado de la intimidación, la presión de los compañeros o un impulso fugaz», explicó Benítez.
«Perjudica a los padres al privarles del derecho reconocido desde hace tiempo en la Decimocuarta Enmienda a cuidar, orientar y tomar decisiones sobre la salud de sus hijos. Y, por último, perjudica a los demandantes que se ven obligados a violar los derechos de los padres al obligar a los demandantes a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus alumnos, lo que viola las creencias religiosas de los demandantes», agregó.
Recalcó que los profesores «se enfrentan a una elección ilegal del tipo: ‘pierde tu fe y conserva tu trabajo, o conserva tu fe y pierde tu trabajo'».
Benítez afirmó que los distritos escolares que sostienen que el derecho a la privacidad de los niños es más importante que los derechos de los padres están «equivocados» y que la «Constitución no respalda ni permite esa forma de discriminación». Actualmente, más de 1,000 distritos escolares han implementado políticas con el objetivo de mantener a los padres fuera de cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos relacionado con su género.
Según Parents Defending Education, más de 18.000 escuelas con casi 11 millones de niños matriculados en 37 estados se ven afectadas por estas políticas. Mat Staver, presidente de Liberty Counsel, afirma que obligar a los profesores a ser deshonestos en su trabajo es inaceptable ya que va en contra de la Primera Enmienda y del derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos.
El presidente del Consejo de la Familia de California, Jonathan Keller, consideró que el fallo es un revés temporal en la lucha por garantizar el derecho de los padres a dirigir la crianza y educación de sus hijos, un derecho otorgado por Dios y protegido por la Constitución.
El fallo del tribunal estatal bloquea la política hasta una audiencia que se llevará a cabo el 13 de octubre para decidir si se permite o se bloquea permanentemente. No se sabe qué impacto tendrá en el caso la sentencia del tribunal federal.
A pesar de que el juez Benítez emitió una orden judicial que únicamente impide temporalmente la implementación de la política, expresó en sus palabras que esta política pareciera debilitar los derechos constitucionales, describiéndola como una combinación de tres daños significativos.
«Perjudica al niño que necesita orientación parental y posiblemente intervención de salud mental para determinar si la incongruencia es orgánica o si es el resultado de la intimidación, la presión de los compañeros o un impulso fugaz», explicó Benítez.
«Perjudica a los padres al privarles del derecho reconocido desde hace tiempo en la Decimocuarta Enmienda a cuidar, orientar y tomar decisiones sobre la salud de sus hijos. Y, por último, perjudica a los demandantes que se ven obligados a violar los derechos de los padres al obligar a los demandantes a ocultar información que consideran fundamental para el bienestar de sus alumnos, lo que viola las creencias religiosas de los demandantes», agregó.
Recalcó que los profesores «se enfrentan a una elección ilegal del tipo: ‘pierde tu fe y conserva tu trabajo, o conserva tu fe y pierde tu trabajo'».
Benítez afirmó que los distritos escolares que sostienen que el derecho a la privacidad de los niños es más importante que los derechos de los padres están «equivocados» y que la «Constitución no respalda ni permite esa forma de discriminación». Actualmente, más de 1,000 distritos escolares han implementado políticas con el objetivo de mantener a los padres fuera de cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos relacionado con su género.
Según Parents Defending Education, más de 18.000 escuelas con casi 11 millones de niños matriculados en 37 estados se ven afectadas por estas políticas. Mat Staver, presidente de Liberty Counsel, afirma que obligar a los profesores a ser deshonestos en su trabajo es inaceptable ya que va en contra de la Primera Enmienda y del derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos.
El presidente del Consejo de la Familia de California, Jonathan Keller, consideró que el fallo es un revés temporal en la lucha por garantizar el derecho de los padres a dirigir la crianza y educación de sus hijos, un derecho otorgado por Dios y protegido por la Constitución.
El fallo del tribunal estatal bloquea la política hasta una audiencia que se llevará a cabo el 13 de octubre para decidir si se permite o se bloquea permanentemente. No se sabe qué impacto tendrá en el caso la sentencia del tribunal federal.
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